MADRID.- El Congreso de los Diputados está viviendo este verano una actividad política inusitada. Algo desconocido por los diputados desde que el parlamento democrático abrió sus puertas tras las primeras elecciones en libertad del 15 de junio de 1977. Celebración de varias sesiones plenarias en los meses de julio y de agosto, convocatoria de decenas de reuniones de comisiones parlamentarias, e incluso, el debate de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), los de 2016. Una situación sencillamente inimaginable un par de legislaturas atrás.

Es cierto que en los últimos años, debido al creciente malestar social por las consecuencias de la crisis económica y la impopularidad de numerosas medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy, los largos meses de verano se han rellenado con

cierta actividad parlamentaria, incluido algún pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para maquillar la ausencia de actividad política y legislativa durante más de dos meses.

Las Cámaras han cerrado siempre cuatro meses al año para que los parlamentarios estuviesen en contacto con sus circunscripciones y electores

La Constitución establece, en su artículo 72, que los periodos ordinarios de actividad, tanto en el Congreso como en el Senado, van desde septiembre a diciembre y desde febrero hasta junio. Salvo algún acontecimiento extraordinario que justificara un pleno específico, esta norma constitucional se ha cumplido a rajatabla durante décadas; de modo que, durante cuatro meses al año, las dos cámaras cerraban sus puestas a cal y canto.

Este hábito, incomprensible para el ciudadano de a pie, fue justificado en su día para que los parlamentarios estuviesen en contacto con sus respectivas circunscripciones y electores. Lentamente, esta rutina se ha ido eliminando, pero aun así, el vacío de actividad parlamentaria en verano –también con la llegada de Navidad y el año nuevo- siempre superaba, con creces, las reglamentarias vacaciones de 30 días de la mayoría de los trabajadores.

El pasado año los diputados tuvieron dos meses de vacaciones -algo más los senadores– y en las últimas navidades y año nuevo este periodo se alargó casi ocho semanas. En veranos anteriores sucedía algo similar, salvo paréntesis puntuales como el que supuso el Pleno extraordinario del 1 de agosto de 2013 en el que Rajoy accedió a debatir sobre el caso Bárcenas.

La mayoría absoluta de la que dispone Rajoy en ambas Cámaras legislativas le permite hacer y deshacer a su antojo la actividad parlamentaria

Pero en este año todo ha cambiado de repente. Las prisas que le han entrado al Gobierno del PP por aprobar todos sus proyectos legislativos presentados al parlamento y la ocurrencia del presidente Rajoy de dejar aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de convocar las elecciones generales de finales de otoño han hecho saltar por los aires cualquier previsión de vacaciones de sus señorías.

La mayoría absoluta de la que dispone Rajoy en ambas cámaras legislativas le permiten hacer y deshacer a su antojo la actividad parlamentaria hasta extremos desconocidos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, cosa que hasta la actual legislatura no había ocurrido. No pasó durante las mayorías absolutas que tuvo Felipe González a lo largo de tres legislaturas ni con la que dispuso José María Aznar en uno de sus dos mandatos ejecutivos.

Los más afortunados llegarán justo al mes de libranza sin pisar los despachos, salas de comisiones o el hemiciclo del Congreso. Otros, ni eso; a lo sumo llegarán este verano a las dos semanas y media, y no seguidas. La entrada en la Cámara baja el martes pasado, ya entrado el mes de agosto, del proyecto de PGE para 2016 ha distorsionado más si cabe un apretado calendario legislativo en esta recta final de legislatura.

En tres semanas, dos docenas de leyes fueron liquidadas y enviadas al Senado

Sin estas alteraciones, la actividad parlamentaria hubiera estado interrumpida desde el final del pleno del pasado 25 de junio, con el que acabo el periodo de sesiones ordinario, hasta el que celebrará la Cámara baja el próximo día 8 de septiembre, con el que se inicia el nuevo periodo de sesiones; algo muy similar ocurre en el Senado. Casi dos meses y medio de relajación.

Pero en esta ocasión ha habido trabajo extra. En el mes de julio el Congreso celebró dos plenos extraordinarios y paralelamente hubo sesiones de varias comisiones parlamentarias: todo ello para desatascar el embudo de los proyectos legislativos del Gobierno. En tres semanas dos docenas de leyes fueron liquidadas y enviadas al Senado.

A este desconocido frenesí se han unido el proyecto de PGE para 2016 que movilizará a más de la mitad de los diputados durante la semana del 17 para recibir la comparecencia de un centenar de altos cargos para explicar las diversas paridas presupuestarias de los ministerios y organismos oficiales. Los diputados también deberán emplearse a fondo para presentar alrededor de 4.000 enmiendas parciales a los presupuestos.

Toda esta dinámica desembocará en el pleno de debate de totalidad de los PGE, previsto para los días 25 y 26 de agosto, algo totalmente inusual. Pero la vorágine no termina ahí. En este mes de agosto es muy probable que la Cámara baja celebre otro pleno –es probable que el día 20– para debatir la posición española sobre el plan de rescate a Grecia que elabore el Eurogrupo en su reunión que se iniciará este lunes día 10.

Está previsto que, también en la segunda quincena de agosto, se debata la posición española sobre el plan de rescate a Grecia

Este fue un compromiso que adquirió el presidente Rajoy el pasado mes de julio cuando presentó las conclusiones del Consejo Europeo que desbloqueó la crisis con Grecia. De esa forma sigue los ejemplos marcados por otros parlamentos de la UE, como los de Alemania, Finlandia, Holanda y Austria, entre otros.

A principios de la actual legislatura, marcada por una amplia mayoría absoluta del PP en ambas cámaras, nada hacía presagiar un final de mandato de Rajoy tan agitado y convulso como el que se ha abierto y que, según el calendario establecido para la aprobación de los PGE, acabará con la disolución de las Cortes el 20 o el 27 de octubre para celebrar los comicios generales los días 13 ó 20 de diciembre, a las puertas de la Navidad.