Rato se niega a declarar ante el juez hasta que no le digan qué encontraron su despacho

MADRID.- El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha negado este miércoles a declarar ante el juez de instrucción de Madrid Antonio Serrano-Artal frente al que debía responder a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un "complejo entramado societario" para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha querido responder a las preguntas del magistrado hasta conocer el contenido de un nuevo informe que prepara la ONIF tras analizar la documentación intervenida, han informado fuentes jurídicas. La Fiscalía le atribuye únicamente delitos fiscales y de blanqueo y ha descartado el alzamiento.

Rato protestó ante el juez por las "medidas cautelares extremas" que se han adoptado sobre él y por la publicidad dada a su caso, que le causa "graves daños" a su familia y a sus intereses profesionales.

El exvicepresidente del Gobierno se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia. Volverá a comparecer cuando el citado informe esté terminado, han agregado las mismas fuentes.

Rodrigo Rato sólo ha permanecido 20 minutos en el Juzgado, que ha abandonado en coche. Llegó en su vehículo a las diez y media de la mañana y aparcó en el aparcamiento subterráneo del que disponen los funcionarios. La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó al juez decano madrileño, Antonio Viejo, de que los riesgos asociados a la declaración del expresidente de Bankia hacían conveniente que accediera al edificio a través del parking.

Una decena de preferentistas, que le esperaban en la calle, mostraron su indignación por esta decisión que consideran un "trato de favor". Armados con pancartas, irrumpieron en insultos y gritos de "ladrón" poco después de su llegada.

Un primer informe de la ONIF desencadenó hace tres meses una denuncia de la Fiscalía de Madrid ante los juzgados de guardia de Plaza Castilla y la detención durante ocho horas del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraba su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid.

En este plazo, el juez el que finalmente recayó la causa, Antonio Serrano-Artal y la Fiscalía Anticorrupción -a la que se encargó su tramitación- han repasado los cerca de 40.000 documentos incautados en la operación.

Los indicios han conducido a que el Ministerio Público descarte la comisión por parte de Rato de un alzamiento de bienes -supuestamente cometido para eludir el pago de las fianzas que se le reclaman en la Audiencia Nacional- y a que ponga en duda el blanqueo de capitales. El juez señaló en un auto dictado el pasado 1 de julio que por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal.

Por su parte, el juez del caso Rato ha pedido refuerzos para afrontar el aumento de actividad provocado por esta causa. 

En concreto, hace un mes solicitó prolongar la jornada de tres de sus funcionarios debido a que, tras la incoación de las diligencias previas contra Rato y en un plazo de 30 días, se dictaron "110 resoluciones" y tuvieron que realizarse "múltiples actuaciones fuera de la sede judicial".

La medida de refuerzo que solicita el juez está destinada a seguir tramitando esta causa "sin que ello suponga la paralización o el importante perjuicio que se puede producir en la tramitación del resto de las causas que se llevan en ese Juzgado", especifica el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se dio el visto bueno a la petición hace sólo unos días.

El órgano constitucional ha dado traslado de este acuerdo a la Comunidad de Madrid, en concreto a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía. Los jueces dependen del CGPJ, pero los funcionarios y los medios materiales dependen de la comunidad autónoma, que es la que debe dotar de la correspondiente partida económica. A su vez, los secretarios judiciales dependen del ministerio de Justicia.

El CGPJ propone a la comunidad de Madrid incrementar el horario y la retribución a percibir por dos funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y uno del Cuerpo de Auxilio Judicial durante un periodo de seis meses, que es el plazo habitual de la autorización de los refuerzos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria, que pidió la detención del exministro de Economía y expresidente de Bankia ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de las operaciones de despatrimonialización que habría realizado en los años 2014 y 2015. También reclamó el registro de su domicilio "incluso con la autorización de la fuerza".

En su informe, la Agencia Tributaria --que atribuía a Rato un patrimonio de 26,6 millones-- destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual superior a los 120.000 euros, el mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales y la despatrimonialización de determinadas sociedades durante los años 2014 y 2015.

La ONIF mencionaba que existía el riesgo de que Rato efectuara transmisiones de patrimonio para evitar responsabilidades pecuniarias mediante donaciones a miembros de su familia y ampliaciones de capital de una sociedad opaca.

El informe también reflejaba "riesgos asociados a estructuras societarias internacionales" y otros riesgos fiscales relacionados con facturas internas para evitar el pago a Hacienda. Se hacía eco también de un intenso tráfico de divisas con otros países, que alcanzaba los 12 millones de euros.

El juez Serrano-Artal interrogará al exvicepresidente primero después de haber tomado declaración como testigo a la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas, que aseguró que se limitó a firmar el informe como responsable del área.

La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene "un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales", algo que choca con una actividad empresarial y profesional "básicamente nacional y escasamente internacional", según señalaba la denuncia.También sospecha que Rato utilizaba "territorios de riesgo" a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía "una elevada facturación interna" en su entramado societario que "hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

Por otra parte, indicaba que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI "hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA".

De todo esto, la Agencia Tributaria presumía en la conducta del expresidente de Bankia "el ánimo de defraudación tributaria", razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas.