Rato pide que se le rebaje la fianza de 3 millones en el caso de las 'tarjetas black'

El expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que disminuya la fianza de 3 millones de euros que le impuso en la causa en la que se investigan las tarjetas 'black', al entender que las eventuales responsabilidades civiles se encuentran "sobrada y doblemente" cubiertas al haber pagado él y, además, todos los usuarios que tenían esas 'visa' durante su mandato.

En un escrito la defensa del ex vicepresidente económico del Gobierno solicita que "se proceda a ajustar la cuantía de la fianza exigida a Rato en orden a que la misma sea disminuida en aquellos importantes que ya han sido objeto de afianzamiento suficiente por aquellos imputados que fueron titulares de las tarjetas durante el periodo comprendido entre febrero de 2010 a mayo de 2012 y sin perjuicio de que los ajustes que debieran practicarse -llegado el caso- en un futuro".

Rato recuerda que presentó el pasado octubre un aval bancario por valor de 3 millones de euros para asegurar la posible responsabilidad civil que pudiera derivarse por la emisión de las tarjetas concedidas durante su presidencia en ambas entidades. "La fianza depositada respondía al aseguramiento de las cantidades que habían sido dispuestas por todos los usuarios durante ese periodo", añade.

Responsabilidades afianzadas

Tras la caución de 3 millones de euros fijada para él y la de 16 millones impuesta al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, apunta que el juez instructor ha acordado otras que alcanzan un total de 4,3 millones de euros para 21 exconsejeros.

En consecuencia, su defensa considera que "las eventuales responsabilidades civiles derivadas de los hechos imputados a su defendido se encuentran sobrada y doblemente afianzadas". "Todas las cantidades que fueron dispuestas a través de las tarjetas han sido objeto de aseguramiento por todos y cada uno de sus titulares y además e inicialmente por Rato", concluye.

Rato se encuentra imputado en el procedimiento en el que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. También se le atribuyen los delitos de administración desleal o apropiación indebida en la pieza separada sobre las tarjetas black opacas al fisco, en la que los ex consejeros de Bankia y Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.