El dictamen aprobado por Vox, PP y Ciudadanos en la comisión de reconstrucción, en el que se recogen las recetas anticrisis acordadas por los tres partidos, apuesta por más rebajas fiscales y, en paralelo, por la relajación de los controles –una suerte de excepcionalidad, de paréntesis en el dogma de la estabilidad prespuestaria– sobre el déficit, la deuda y la regla de gasto, al menos hasta 2023.

El texto, votado por los tres partidos –PSOE y Adelante abandonaron la comisión después de que PP y Cs le dieran la presidencia a Vox-, se divide en cuatro bloques –sanidad, reactivación económica, políticas sociales y medidas estatales–, en los que Vox, PP y Ciudadanos han metido decenas de variadas medidas, que tienen un aire a un programa de Gobierno y que van, por ejemplo, desde el impulso de la I+D+i y el fomento del reciclaje hasta el apoyo a la economía social y la elaboración de planes de ayuda a pymes y mycropymes y, también, a la tauromaquia.

El proyecto de recuperación que se plantea en el dictamen ahonda en las rectas de corte liberal, profundamente ideológicas, que vienen defendiendo y aplicando los partidos de Gobierno, PP y Ciudadanos, y su socio parlamentario, Vox, desde que hicieron presidente a Juanma Moreno (PP).

Así, se orienta la política económica al favorecimiento a toda costa del emprendimiento, y se invita a profundizar en las rebajas fiscales –sobre todo para quien más tienen y quienes más ingresan ya aprobadas por el Gobierno de Moreno– y en la armonización de prácticamente todos los impuestos.
Así, esto se puede leer sobre fiscalidad en el dictamen: "Seguir rebajando paulatinamente el tramo autonómico del IRPF, atendiendo a la progresividad del impuesto". También "continuar con la política de reducción en el Impuesto de Transmisiones, favorecedora de la inversión y la adquisición de vivienda para jóvenes y familias". 

Además, los tres partidos avanzan también su intención de tocar la fiscalidad verde, con la inclusión de este párrafo: "Impulsar la reforma y mejora de la fiscalidad verde, incentivando a los sectores productivos de la Comunidad autónoma hacia una transición ecológica en especial las referidas a los impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera, la de vertidos de aguas y la de los distintos residuos contaminantes, basada en los costes asociados a las emisiones. Buscando su armonización fiscal, de manera que ayude a impulsar un crecimiento económico sostenible e incentive a los sectores productivos a una transición respetuosa con el medio ambiente".

En Andalucía se cobran y se pagan hoy 5 impuestos considerados ecológicos, que forman parte del catálogo de tributos propios de la Comunidad Autónoma –el de emisión de gases a la atmósfera; sobre vertidos a las aguas litorales; sobre depósito de residuos radiactivos; sobre depósito de residuos peligrosos y el de las bolsas de plástico de un solo uso– y el dictamen no aclara con quién se pretende buscar esa "armonización fiscal".

Al mismo tiempo que se promueven reformas fiscales que "primen la mayor producción y consumo, no lo contrario, si se puede mediante bajada de impuestos para ayudar a la reactivación" y la "reformar el sistema tributario para evitar castigar a quien ayude a reactivar la economía", se reclama al Gobierno de España que abra la mano con la regla de gasto, déficit y deuda.

Traducido: las rebajas fiscales, en el caso de que finalmente el Gobierno andaluz decida implementarlas en la misma línea que las que ha aprobado hasta ahora, acompañadas de un aumento del gasto público financiado por el endeudamiento y no por un aumento de la recaudación –que está por ver– redundará una vez más en un aumento del peso relativo de la fiscalidad sobre las clases populares y trabajadoras.

Déficit  y deuda

Lo que recoge el dictamen, en concreto, es lo siguiente, a este respecto: "La estabilidad presupuestaria, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de la deuda, deben seguir presidiendo la actividad de las administraciones públicas, pero debe ponerse en conexión con la justa distribución de los objetivos de déficit entre todas las administraciones en los años 2020-2023, en orden a poder ejecutar en cada momento y para cada competencia las necesarias políticas solidarias de gasto y paliar los daños de la crisis económico-sanitaria".

Además, Vox, PP y Cs añaden lo siguiente: "Modificar el tratamiento del gasto público y la deuda, el llamado déficit inverso, en 2021 y 2022 entre las Administración central y las autonómicas, configurándolo como un elemento de política fiscal necesaria en esta coyuntura, con el compromiso, de volver a una senda de estabilidad fiscal a medio y largo plazo".

Luego, remachan: "Corregir puntualmente, y para los próximos tres ejercicios los criterios de la Regla de Gasto, en orden a flexibilizarlos y poder hacer más expansivos la formación de los presupuestos de las Administraciones públicas".

En el dictamen no falta, además, una redacción, en algunos puntos, que responden al gusto de Vox y a sus particulares obsesiones. Así, por ejemplo, se recoge: "Impulsar la detección y el mayor control de actividades irregulares que hacen competencia ilícita a los negocios que tributan y cotizan, con especial incidencia en la economía sumergida y aquella que tiene su origen en la inmigración ilegal o irregular".

También se incluye el dictamen que "deberá controlarse y reasignarse el gasto público, especialmente todo tipo de ayudas y subvenciones, de modo que sirvan a necesidades reales y productivas de auténtica utilidad social".