El rechazo a ETA, relegado al preámbulo

No habrá “condena”, pero sí “rechazo”. No estará en el enunciado de las preguntas, pero sí en el preámbulo que acompañará a las mismas. El Gobierno vasco anunció ayer por sorpresa que hoy dará a conocer el proyecto de ley que ha elaborado para convocar el 25 de octubre una consulta popular sobre el derecho a decidir. Lo hará, tras la celebración de un Consejo extraordinario del Ejecutivo, en una solemne comparecencia del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y sus once consejeros en el hall principal de Palacio de Ajuria Enea en la que también se dará a conocer el contenido exacto de las dos preguntas.

Siempre según estas fuentes, la esencia de ambas preguntas estaba ya recogido en textos como el Pacto de Ajuria Enea y la propuesta de pacto político que Ibarretxe hizo llegar a José Luis Rodríguez Zapatero antes de su encuentro de hace unos días. Así, la primera, la llamada “ética”, interrogará a los ciudadanos vascos si están de acuerdo con un proceso dialogado para poner fin al conflicto en el País Vasco si por parte de ETA existe una actitud inequívoca de poner fin de modo definitivo a la violencia. La segunda se referirá a la apertura de un diálogo entre todos los partidos, sin exclusiones, en torno al derecho a decidir y que debe culminar en un referéndum antes de finalizar el 2010.

Ambas serán el colofón del bautizado como Proyecto de Ley de Regulación de Consulta Popular, en cuya exposición de motivos se recordará expresamente que Ibarretxe planteó a José Luis Rodríguez Zapatero una negociación y que éste la rechazó. Según fuentes políticas vascas, el documento, sobre el que la Cámara vasca se pronunciará el 27 de junio, reconoce el carácter no vinculante de la consulta.

El texto de las preguntas fue consensuado en una comida celebrada el pasado viernes entre el propio lehendakari, su compañero de partido Iñigo Urkullu  y los líderes de EA y EB, Unai Ziarreta y Javier Madrazo.2

En principio, la idea del Ejecutivo era hacerlo público mañana jueves, pero el temor a una filtración –hasta ayer no se lo facilitó a los miembros de su Gobierno– ha llevado a Ibarretxe a dar a conocer su contenido un día antes de lo previsto.

El Gobierno de Vitoria está seguro de la legalidad de la medida. Para ello, se remite al artículo 9.2.E del Estatuto de Gernika, que reconoce que “los poderes públicos, en el ámbito de su competencia, facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco”.

El Ejecutivo vasco se ampara en otro texto legal, el artículo 119 del Reglamento del Parlamento de Vitoria, para  presentar el proyecto ante la Cámara por el trámite de ‘lectura única’, lo que permite su discusión y votación en una sola jornada. Los otros partidos no podrán hacer enmiendas. Únicamente podrán votar a favor o en contra.