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Referéndum 1-O Jueces para la Democracia alerta contra la escalada de judicialización

La asociación afirma que el Constitucional defiende una interpretación no "sacramental" de la Constitución, por lo que "el 'derecho a decidir' expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. EFE/Sergio Barrenechea

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La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha alertado este viernes de la escalada de judicialización que protagoniza el referéndum de este domingo, señalando que "difícilmente se alcanzará una solución al conflicto" de esa manera. Avisa asimismo de la complicación de llegar a un acuerdo "con medidas o iniciativas que -cuando carecen de la necesaria proporcionalidad- pueden ser percibidas por un sector de la población como una instrumentalización del poder judicial y que comprometen la percepción de imparcialidad respecto al mismo".

En un comunicado, hacen también un llamamiento a los partidos políticos y organizaciones sociales para que "redoblen sus esfuerzos en pro de una convivencia pacífica y democrática, a fin de superar las diferencias políticas existentes, y a que se perfilen fórmulas de regulación política compatibles con la pluralidad existente en el seno de la sociedad española y catalana en particular".

Juezas y Jueces para la Democracia señala, además, que el Tribunal Constitucional, en su STC 42/14, después de recordar que, según el art. 1.2 CE, "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", "defiende una interpretación no sacramental de la Constitución", y que "la misma puede ser modificada excepto en lo que se refiere al capítulo de Derechos Fundamentales, concluyendo por ello que el 'derecho a decidir' expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución".

Recuerda la asociación que el TC añade que "el más amplio deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos, requiere que si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional (artículos 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla."

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