La reforma de la ley de infancia de Sira Rego crea una comisión contra la pederastia en las instituciones

La profunda ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) en la que trabaja el Ministerio de Juventud e Infancia supondrá, por primera vez en España, el reconocimiento institucional de las víctimas de violencia sexual sufrida siendo menores de edad, tanto en entornos públicos como privados. 

Según fuentes del departamento que dirige Sira Rego, la propuesta -que aún se encuentra en fase de negociación interna dentro del Gobierno- contempla la creación de una Comisión de Reconocimiento de las Víctimas de Violencia Sexual contra la Infancia, que estará capacitada para documentar los casos y, en su caso, proponer medidas de reparación y garantías de no repetición. 

El nuevo órgano respondería a una demanda histórica de las asociaciones de víctimas y a una de las principales recomendaciones del Defensor del Pueblo en su informe de 2023-2024 sobre la violencia sexual cometida en el seno de la Iglesia católica. Aquel informe identificó más de 400 casos ocurridos en entornos institucionales religiosos y educativos, y exhortó al Estado a "asumir su responsabilidad en la reparación global", más allá de los procedimientos judiciales individuales. En este sentido, reclamaba un mecanismo estatal independiente de reconocimiento, documentación y memoria semejante a los ya puestos en marcha en países como Irlanda (2009), Francia (2021) o Alemania (2016). 

La futura comisión española se activaría formalmente mediante orden ministerial, una vez aprobada la reforma legislativa. Su mandato, según detallan fuentes del Ministerio, consistiría en recabar información de víctimas y colectivos representativos, con el objetivo de proponer medidas concretas para su reparación individual y colectiva, así como para prevenir futuras vulneraciones. Se trata de una iniciativa que ha sido trabajada previamente con un Grupo de Expertas compuesto por perfiles de diferentes áreas. En concreto de justicia, psicología, sociología, pediatría y trabajo social. Ese grupo ha definido los principios que deben guiar el procedimiento, que son principalmente una escucha activa y no revictimizadora. 

La prioridad es el derecho al reconocimiento de las víctimas, especialmente en casos donde la violencia se produjo de forma sistemática o generalizada mientras formaban parte de instituciones públicas o privadas. De hecho, una de las novedades clave es el reconocimiento jurídico explícito de los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido violencia sexual como víctimas a todos los efectos del Estatuto de la Víctima del Delito. Este estatus busca asegurar, entre otras cosas, el acceso a asistencia integral (psicológica, jurídica y social).

La ampliación de la LOPIVI subraya, así, que toda persona menor de edad tiene derecho a reparación frente a cualquier manifestación de violencia contemplada en la ley, incluidos los daños históricos, esto decir, sufridos en el pasado y que no fueron prevenidos y atendidos adecuadamente. La experiencia internacional indica, señalan las mismas fuentes, que los mecanismos públicos de reconocimiento desempeñan un papel imprescindible no solo en la reparación individual, sino en la regeneración democrática. 

En enero de este año, diversas asociaciones de personas menores víctimas de violencia -como Infancia Robada (ANIR), Lulacris o AVA- solicitaron formalmente a la ministra Sira Rego la creación de un Estatuto específico de la Víctima. La iniciativa ahora en marcha responde en gran medida a ese llamamiento. La ampliación de la LOPIVI aún debe culminar su tramitación dentro del Ejecutivo, para posteriormente ser elevada al Parlamento, pero supone ya en sí un paso decisivo en el camino hacia la intolerancia de toda clase de violencias en las infancias y adolescencias.