El reconocimiento por parte de Montero de que este año no habrá revisión del modelo de financiación autonómica y de que tampoco hay ningún calendario claro ha desatado un nuevo rifirrafe entre los diferentes partidos valencianos. El PP ha aprovechado para presionar a Ximo Puig a aceptar el ofrecimiento del presidente andaluz, Juanma Moreno, para formar un frente común ante el Gobierno español, mientras que PSPV y Compromís –aliados en el Botànic- se han enzarzado en la penúltima bronca sobre cuál tiene que ser la respuesta adecuada en Montero, mientras Unidas Podemos ha subido el tono de la reivindicación con expresiones como "expolio fiscal".

Pero más allá del posicionamiento o reposicionamiento momentáneo de cada partido, hay una cuestión de fondo que parece imposible de resolver. ¿Cómo lo puede hacer el País Valencià para conseguir una financiación justa, teniendo en cuenta su situación socioeconómica? O dicho de otro modo: ¿hasta cuándo le tocará pagar como "comunidad rica" cuando su PIB se encuentra por debajo la media estatal?

La solución no parece sencilla. Antoni Infante, portavoz de la Crida pel Finançament –una plataforma que agrupa varias entidades y sindicatos valencianistas- reclama que "se entienda que no nos encontramos ante un problema de gobierno, sino de Estado", ya que la infrafinanciación "hace al menos 121 años que se mantiene, con una media anual del 19% del PIB, y no ha cambiado pese que ha habido todo tipo de gobiernos".

El profesor de comunicación política, Guillermo López, no se remonta tan lejos en la historia, pero recuerda que en la última década "ya se ha visto muchas veces". Y se han dado "todas las combinaciones políticas posibles: el PSOE en el Gobierno Madrid y el PP en el de València, el PP en los dos, el PSOE en València y el PP en Madrid, y ahora el PSOE en los dos, y el resultado siempre es el mismo. Tampoco la presión negociadora de Compromís ha hecho avanzar demasiado el tema", detalla López.

A su parecer, el problema es que "si hay que sacarle recursos a otras autonomías, la resistencia será muy grande, así que la única opción sería aumentar los recursos totales, que como no se encuentre un pozo de petróleo o una mina de oro, no sé cómo puede pasar".

Incluso el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, reconoce que hay "inercias muy profundas entre los altos funcionarios del Estado que llevan gobernando 500 años". O el diputado de Compromís Joan Baldoví, quien arrancó la promesa de cerrar un acuerdo de reforma del modelo de financiación antes de acabar el año –a cambio de su voto favorable en la moción de investidura y los presupuestos-, asegura que el incumplimiento del acuerdo "no le supone una sorpresa".

¿Presión o negociación?

La reivindicación de una mejor financiación parece encallada en el dilema entre quienes defienden una mayor presión hacia Moncloa, y quienes creen que hay que cargarse de argumentos para convencer a los responsables estatales. "Al final parece que ninguno de los dos modelos funciona, ni los buenos propósitos ni los acuerdos firmados a cambio de apoyo parlamentario –analiza López-, y la explicación probablemente la encontramos en el hecho de que la sociedad valenciana es poco consciente del problema. En Madrid perciben que el tema no tiene un coste electoral, así que tienen pocos alicientes para abrir un melón muy complejo que generaría muchos conflictos". Este profesor, pero, admite que, si bien ahora mismo no hay una conciencia social sobre las consecuencias de la infrafinanciación, no quiere decir "que en un futuro no pueda haber".

Precisamente, Infante defiende que "la sociedad valenciana empieza a ser más consciente del problema", aunque también alerta de que "la infrafinanciación no afecta a todo el mundo por igual. Es mucho más dramático en los sectores más precarios, mientras que es un problema menor para los grandes empresarios. Por eso es tan difícil conseguir una unanimidad en la reivindicación, aunque sea más probable llegar a un mínimo común denominador de los diferentes intereses". "Hay que confrontar la situación en clave de país", remacha Infante.

Pero mientras tanto, desde la Crida pel Finançament reclaman una solución de urgencia parcial: que el Estado asuma los 50.000 millones de deuda valenciana que definen como "ilegítima e impagable". "Si la UE puede asumir la deuda de los estados, sería de justicia que el Estado asumiera la valenciana, puesto que se ha generado precisamente por culpa de la infrafinanciación histórica", explica Infante. Una solución que considera "sencilla, puesto que la mayor parte de esta deuda es con el mismo Estado".

Joan Baldoví también entiende la dificultad de modificar todo el sistema, puesto que "ninguna comunidad quiere bajar el escalón, la solución no pasa tanto por redistribuir el dinero que hay, sino en poner más". Para eso reclama una "solución asequible" en forma de 2.500 millones del fondo de nivelación.

Es una solución similar a la que plantea Vicent Soler. Para el conseller, los 16.000 millones no reembolsables que el Gobierno español transfirió a las autonomías para hacer frente a la crisis sanitaria "marcan un antes y uno después y han roto dos tabúes primordiales". El primer tabú ha sido el hecho mismo de repartir los fondos entre las administraciones autonómicas, que él atribuye a "una visión de la España autonómica que el PP no tiene". El segundo tabú sería que este dinero se ha repartido según criterios de población ajustada.

Esto significa que los fondos covid se repartieron según la población de cada territorio, ajustando una serie de parámetros, como el envejecimiento, dispersión rural o incidencia de la pandemia. "Ahora necesitamos que esta transferencia no reembolsable deje de ser circunstancial y pase a ser estructural, y que además se reparta siguiendo este criterio de población ajustada", defiende Soler. Una reivindicación que Soler ve "posible", puesto que permitiría a Pedro Sánchez "cerrar una herida histórica" y, además, "la misma ministra no cerró la puerta a una solución de la financiación, sino que dejó un mensaje ambiguo asegurando que habría alternativa".