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Respiradores coronavirus La Fiscalía lleva a un empresario ante el juez por estafar a Aragón en la compra de respiradores chinos

El ministerio público aprecia indicios de delito en una operación en la que la comunidad autónoma y la CEOE adelantaron casi un millón de euros por una partida de 200 aparatos que nunca llegaron a los hospitales y que el intermediario sustituyó por otra cuyo marcado CE había sido aparentemente falsificado.

Los 200 respiradores encargados por el Gobierno autonómico nunca llegaron a los hospitales aragoneses. EFE/Archivo.
Los 200 respiradores encargados por el Gobierno autonómico nunca llegaron a los hospitales aragoneses. EFE/Archivo.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha denunciado ante el juzgado a la empresa Mingta Global Assian Commerce y a su administrador y socio único, Fernando Cimorra, por una presunta estafa supuestamente cometida al intermediar en la compra en China de 200 respiradores que el Gobierno de Aragón nunca recibió y para cuya adquisición había obtenido una señal de 897.000 euros que tampoco aparecen por ningún lado.

La denuncia en la vía judicial fue presentada hace unos días, tras haber apreciado el ministerio público la existencia de indicios de delito después de desarrollar durante varias semanas una investigación preliminar.
Esta arrancó tras haber recibido a mediados de julio sendas denuncias en las que el Gobierno de Aragón y la Fundación CREA, vinculada a la CEOE local, le ponían sobre la pista de lo ocurrido y apuntaban, además de la estafa, a un posible delito de falsedad documental.

Los casi 900.000 euros habían sido aportados como donativos por distintas empresas a través del programa Aragón en Marcha, una plataforma activada por la comunidad autónoma y la CEOE local para agilizar la compra de material sanitario en el extranjero las primeras fases de la pandemia y para estimular su fabricación, y la de EPIs, en las empresas aragonesas.

La versión no convence a Fiscalía

En el caso de los respiradores, los 897.000 euros entregados como señal habían sido canalizados hacia la Fundación CREA por la CEOE, la organización que en la práctica se encargaba de la gestión de la plataforma.

El intermediario alegó que los respiradores no habían llegado porque el Gobierno chino había bloqueado su salida del país, una versión que no acaba de convencer a la Fiscalía. El plan b también acababa frustrándose poco después, en este caso al aparecer indicios de que era falso el marcado CE que figuraba en los aparatos que Mingta Global Assian Commerce ofrecía como alternativa.
Ahora será un juzgado de Instrucción de la capital aragonesa quien aclare qué ocurrió en realidad con los respiradores y con el dinero en una operación que, de entrada, incluye otros aspectos llamativos.

Uno de ellos es el hecho de encargar una operación de ese calado a una empresa que, según varios portales de rating, dispone de un capital social de 20.000 euros y solo tiene un empleado, aunque se presenta como parte de Mingta Goup, con ramas en China, Argentina y EEUU, además de la española, que en la web del grupo presenta un equipo de cuatro miembros.

Un sistema con ventajas fiscales

La compra de los respiradores había sido activada la pasada primavera, en la fase de mayor intensidad de la primera ola de la pandemia, tras solicitarlos el Salud, el sistema sanitario público aragonés. Para entonces, el mercado internacional de material sanitario se había convertido en un zoco de pillos y de timadores.

La plataforma Aragón en Marcha, creada en las primeras semanas de la pandemia bajo el impulso del Gobierno de Aragón y de la CEOE, aunque también forman parte de ella Cepyme, UGT y CCOO, ha recaudado desde entonces algo más de seis millones de euros con los que la comunidad ha ido adquiriendo material sanitario y EPIs que han sido distribuidos por los centros sanitarios. Antes de finalizar el mes de marzo se habían adherido a la plataforma alrededor de 130 empresas aragonesas, varias de las cuales participaron en la producción de mascarillas, gel hidroalcohólico y EPIs.

Los donativos a las administraciones para luchar contra la pandemia conllevan beneficios fiscales para quienes los realizan, en el IRPF para los particulares y en el Impuesto de Sociedades en el caso de las empresas. Los primeros pueden deducirse el 80% de los primeros 150 euros y el 35% del resto en la cuota íntegra, mientras que los segundos se benefician de la misma rebaja y de la posibilidad de distribuir los sobrantes en los próximos años como activos fiscales diferidos (DTA, en inglés).

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