La reunión de la Ejecutiva del PSOE muestra su enfado con Tomás Gómez

La decisión que adoptó la semana pasada el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, al dimitir de su escaño de senador por discrepar con la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sí suscribió el PSOE -lo hizo porque entre los magistrados estaba Francisco Gerardo Martínez Tristán, recusado por el PSM por encargarse de los casos relacionados con la privatización de los hospitales en la Comunidad de Madrid pese a estar casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal- no ha gustado nada a muchos miembros del partido, hartos de que el exalcalde de Parla diga siempre su opinión y actúe por libre.

El malestar existente en una parte de los socialistas se reflejó ayer en la reunión de la Ejecutiva federal del PSOE que se celebró en la sede de la calle de Ferraz de la capital, según han explicado a Público fuentes asistentes a la misma. Sobre este asunto intervinieron tanto el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, como la mano derecha de Gómez, la diputada regional Maru Menéndez, que mantiene un asiento en el órgano de dirección de los socialistas.

Ambos defendieron sus posturas, siempre según las fuentes consultadas por este diario. El primero, reivindicó el apoyo del partido a los vocales del CGPJ por ser su obligación la de renovar los órganos constitucionales, si bien reconoció que a la dirección de los socialistas también le hubiera gustado que Martínez Tristán no estuviera en la lista a propuesta del PP. La segunda salió en defensa de la "coherencia" del líder del PSM al dejar su escaño, por no poder respaldar a un magistrado recusado por él mismo.  

Sólo un conflicto sanitario

Pero esas mismas fuentes explican que durante el encuentro, que como es habitual tuvo lugar a puerta cerrada, quedó de manifiesto que entre los miembros del órgano de dirección del partido la mayoría está con Rubalcaba, ya que existe un "enfado" con el líder madrileño, y así se le expresó a Menéndez en distintas conversaciones. La práctica totalidad de las federaciones representadas en dicho órgano excepto la madrileña, insisten, consideran que Gómez no puede seguir actuando por su cuenta sin consultar sus actuaciones o declaraciones con el resto de barones o dirigentes del partido.

El entorno de Menéndez no quiso ayer hacer ningún comentario al respecto, si bien fuentes del PSM insistieron en que lo que sucedió la semana pasada nada tiene que ver con un enfrentamiento interno dentro del PSOE. Recalcan que la decisión de Gómez responde únicamente a la lucha que mantienen los socialistas madrileños a favor de la sanidad pública, una batalla sin la cual, dicen, no se hubiera evitado la paralización de la privatización de los seis hospitales de la Comunidad de Madrid que el Ejecutivo de Ignacio González quiere externalizar. 

Por lo demás, la reunión de la Ejecutiva comenzó con la intervención de los cuatro socialistas valencianos con representación en dicho órgano -Inmaculada Rodríguez Piñero, Carmen Montón, Alejandro Soler y María Teresa Noguera- que defendieron el adelanto de las primarias para elegir a su próximo candidato a la Generalitat valenciana, medida que fue apoyada por el propio secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hizo una intervención "muy cariñosa" con el líder del PSPV, Ximo Puig, y con su labor de oposición en el País Valencià. 

Perfilar la reforma constitucional

La decisión última la tendrá el próximo Comité Federal -máximo órgano entre congresos-, previsto para el próximo 18 de enero, que refrendará la propuesta de los valencianos que quieren celebrar sus primarias en marzo, con la idea de presionar al PP de Alberto Fabra para que adelante las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con los comicios europeos, previstos en mayo. 

Además, en el encuentro de ayer se acordó empezar a perfilar cómo se materializará la propuesta de reforma constitucional en clave federal que se presentará al resto de partidos antes de que finalice la legislatura. El objetivo, apuntan esas fuentes, es que todos los compromisos adoptados en la Conferencia Política de los pasados días 8, 9 y 10 de noviembre se planteen en distintas iniciativas parlamentarias lo antes posible.

Ese es el caso de la proposición no de ley que registró ayer el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso instando al Gobierno del PP a denunciar los acuerdos con el Vaticano, a aprobar una Ley de Libertad Religiosa y a elaborar un protocolo que garantice la laicidad de los actos oficiales. Las fuentes más cercanas a Rubalcaba evitaron anoche hacer cualquier comentario sobre la reunión de la mañana por no ser costumbre hablar sobre las ejecutivas del partido.