VALÈNCIA.- Rita Barberá podría seguir los pasos de su compañera de partido, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, y verse doblemente imputada en las dos investigaciones sobre las que desde hace meses planea su nombre. Sin embargo, su condición de aforada —que alargará mientras pueda y le dejen— puede dilatar el proceso. No un juez, sino dos, pidieron este jueves al Tribunal Supremo su imputación en un día aciago para la exalcaldesa y por extensión para el PP, que sigue protegiéndola. A la cabeza, su “buen amigo” Mariano Rajoy, que ayer tenía un acto público en Ciudad Real, pero prefirió no pronunciarse sobre el asunto.

El juez del caso Imelsa no se cree las explicaciones por escrito que le dio Barberá para negar su participación en el presunto blanqueo de capitales que habrían realizado ella y 47 miembros más (entre concejales, asesores, exconcejales y exasesores) del PP municipal de Valencia. Por eso, el magistrado ha enviado una exposición razonada al Supremo para trasladar allí la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa.

En su escrito, el instructor subraya sus sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación “personal y de estrecha confianza” (tal y como la propia exalcaldesa reconoció en su última rueda de prensa) de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta causa.

Barberá —señala el juez— era la superiora jerárquica de García-Fuster y la máxima responsable del grupo municipal. Una García-Fuster que se negó en su declaración judicial a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero. El juez considera “significativo” este silencio y cree que sería “incoherente” no imputar a la exalcaldesa cuando todo su grupo sí está siendo investigado.

Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción 16 de Valencia donde recayó una denuncia contra Barberá por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, remitió en el mismo día que su colega instructor del caso Imelsa otra exposición razonada al Supremo para que sea el alto tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga a la senadora popular. En este caso, la instrucción de la causa estaba en una fase más embrionaria que la de Imelsa y la jueza ha decidido declararse “no competente” para juzgar los presuntos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar símbolos franquistas de la ciudad durante sus años de alcaldesa.

A pesar de los indicios de blanqueo que la Fiscalía Anticorrupción aprecia contra Barberá y que el juez de Imelsa estima en su exposición razonada, el PP permitirá a la exalcaldesa que estire su aforamiento como senadora. Así se desprende de sus movimientos, sus palabras y sus silencios.

El partido niega que la inclusión de Barberá en la Diputación Permanente del Senado sea una forma de blindarla ante una posible investigación judicial. Pero lo cierto es que este es el único órgano que no se disuelve entre legislaturas, cuando las Cortes sí deben hacerlo porque se convoquen nuevas elecciones, en el caso de que se convocaran el próximo 2 de mayo, y por tanto Barberá tampoco perdería a partir de entonces su fuero. Con todo, la exalcaldesa lleva ya dos meses y medio de prórroga desde que un magistrado perteneciente a la justicia ordinaria imputara el primero de febrero de este año a sus compañeros de grupo municipal.

El Supremo debe ahora estudiar la documentación remitida por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia y, si encuentra indicios y decide investigar a la exalcaldesa, deberá pedir permiso al Senado. El plazo para que tome esta decisión es indeterminado y podría prolongarse más allá del 2 de mayo. En cualquier caso, Barberá seguirá aforada y, por eso, el alto tribunal tendrá que pedir a partir de entonces al Senado que le retire esta protección mediante la aprobación de un suplicatorio. Los mismos compañeros de Barberá en la Diputación Permanente, donde el PP tiene mayoría (19 miembros de 35) tendrían que estudiar y votar si lo conceden o no.

La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, se limitó a asegurar que el partido mantendrá el expediente informativo abierto contra Barberá, pero que esperarán “atentos a la investigación" y a ver “qué ocurre en el Supremo y cómo siguen los acontecimientos". Es decir, que de momento la receta en el PP sigue siendo no mover ficha.

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, que en las últimas semanas intentó dar una imagen de mano dura contra la corrupción como ya hiciera sin éxito su predecesor Alberto Fabra, se quedó muda tras conocerse la noticia. Como su presidente Rajoy, Bonig tampoco hizo declaraciones al respecto de la situación de Barberá, que la avaló ante Génova para relevar a Fabra al frente del PPCV. Con los regidores imputados sublevados y la exalcaldesa atrincherada en su casa y el Senado, el discurso de Bonig hace de nuevo aguas.