Sánchez Camacho: "Tengo un fiscal de confianza en lo del Palau. A la Policía no podemos ir"

"Yo tengo un fiscal de confianza que es el que está llevando todo este tema de lo del Palau", asegura rotunda Alicia Sánchez Camacho en una conversación grabada de la presidenta del PP de Catalunya con María Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola. La conversación transcurría en el restaurante La Camarga, situado en el barrio barcelonés de L'Eixample, y fue grabada por la agencia de detectives Método 3 que había instalado micrófonos en el restaurante y que registró la conversación íntegramente.

Público ha decidido revelar el contenido de la conversación tras constatar que no se ve afectada la intimidad personal de nadie, sino que aborda cuestiones políticas y asuntos relacionados con la corrupción. Tiene, por tanto, indudable interés para la opinión pública. Este diario no alcanza a comprender los motivos que llevaron al Juzgado de Primera Instancia número 21 de Barcelona a imponer medidas cautelares contra la difusión de dicha grabación, a la que los lectores pueden acceder desde diferentes enlaces en Internet.

"A la Policía no podemos ir, yo iría directamente a quien conocemos en la Fiscalía", era la recomendación de Sánchez Camacho para conseguir ayuda para las acciones contra Pujol y que es otro fragmento de la conversación entre ambas. "De mi etapa de portavoz de Interior, yo tengo contactos muy buenos en la Policía, próximos a nosotros, y me informaron de todo lo de Pretoria. Yo sabía a quién iban a detener antes que nadie, yo informaba a Rajoy y a Moragas. Y fueron al domicilio de Jordi Pujol hijo, decían que lo iban a detener y se paró y no lo detuvieron, pero se llevaron documentación de casa o del despacho", se enorgullece de sus contactos la líder del PP catalán.

Durante la conversación Sánchez Camacho se muestra agresiva contra CiU, subrayando: "Lo bien que nos iría darle caña a CiU". Y se confiesa abiertamente como la responsable de filtrar "los expedientes a lo de El Mundo". La presidenta del PP catalán presume de que cuando estuvo en Madrid en Interior tuvo "un éxito bárbaro con todos los temas de la tregua, con Alonso, con Rubalcaba. Yo fui la que lié todo el tema de las detenciones ilegales por lo de Bono, la que filtré los expedientes a lo de El Mundo, ahí tenía unos contactos en la Policía que sigo teniendo".

Finalmente, la líder del PP catalán le pregunta a Álvarez: "¿Podemos hacer algo con la información que me des?" Después le advierte: "Toda esta conversación no la hemos tenido".

Según revela la grabación entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol grabada por la agencia de detectives Método 3, Sánchez-Camacho aseguraba que cuando estuvo en Madrid en Interior tuvo "un éxito bárbaro con todos los temas de la tregua, con Alonso, con Rubalcaba. Yo fui la que lié todo el tema de las detenciones ilegales por lo de Bono, la que filtré los expedientes a lo de El Mundo, ahí tenía unos contactos en la Policía que sigo teniendo".

A las detenciones ilegales que Camacho se refiere son a la de los dos  militantes de PP de la madrileña localidad de Las Rozas, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. Ambos fueron detenidos por un intento de agresión José Bono en enero de 2005, época en la Bono era ministro de Defensa y Alicia Sánchez-Camacho trabajaba en Madrid en el departamento de Interior del PP.

José Bono había acudió a una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Madrid, donde fue increpado y zarandeado por varios asistentes. El entonces ministro denunció un intento de agresión y fueron detenidos los dos militantes del PP.

Sin embargo, el PP emprendió acciones legales contra los policías por considerar los arrestos como "la primera detención política de la democracia". Así, tres agentes se vieron envueltos en el llamado caso Bono, que el diario El Mundo siguió muy de cerca defendiendo la inocencia de los militantes del PP y las irregularidades de los policías implicados en su detención. Así, Rodolfo Ruíz, comisario que ordenó la detención de los militantes; Javier Fernández y José Luis González inspectores.

El 8 de mayo de 2006, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los tres agentes a penas que iban de los 3 a los 5 años de cárcel por los delitos detención ilegal, coacciones y falsedad documental, después de que la Audiencia de Madrid considerarse que las detenciones fueron arbitrarias e ilegales. También se inhabilitó a los agentes por diez años.

Finalmente el Tribunal Supremo estimó en su totalidad el recurso de los policías, por cuatro votos contra uno, y fueron absueltos de todos los cargos.