Una sentencia del Constitucional arrebata a Susana Díaz el control del Parlamento andaluz

SEVILLA.- El Alto Tribunal anula la composición del órgano de dirección de la Cámara, de mayoría socialista, y ordena incluir en el mismo a una diputada del PP que fue excluida. Por primera vez en 20 años un grupo (IU) se queda sin voto en favor de las fuerzas conservadoras, que ganan peso.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la composición actual de la Mesa del Parlamento andaluz, órgano rector de la Cámara, con mayoría de miembros socialistas. Los jueces han admitido el recurso de amparo de la diputada del PP-A, Patricia del Pozo, que fue excluida de dicho órgano de dirección en favor de un parlamentario de IU.  El Alto Tribunal considera que se han vulnerado sus derechos constitucionales y “ordena reconocer el derecho de la demandante a formar parte de dicho órgano”.

La sentencia obliga a rehacer la composición de la Mesa que, por primera vez en 20 años, contará con más miembros de la oposición que del Ejecutivo: tres del PSOE, dos del PP, uno de Podemos y uno de Ciudadanos. También será la primera vez desde 1996 que un grupo de la Cámara (IU) se queda fuera (y sin voto) del órgano de dirección, una situación que prohibe expresamente el Reglamento de dicha institución, sobre el que prevalece ahora la sentencia del TC.

El fallo del TC obliga a rehacer la composición de la Mesa que, por primera vez en 20 años, contará con más miembros de la oposición que del partido del Ejecutivo

La interpretación del fallo aún se está llevando a cabo por parte de los letrados de la Cámara andaluza, pero de confirmarse la incorporación de un miembro más del PP a la Mesa, las fuerzas conservadoras ganarían más peso y la estabilidad del Gobierno de Susana Díaz podría verse en riesgo. El Parlamento, órgano legislativo donde la oposición tiene mayoría, sirve de contrapoder al Ejecutivo de Díaz, aunque hasta ahora la presidenta ha gobernado con comodidad gracias a su acuerdo con Ciudadanos. El partido naranja desbloqueó la investidura, votando a Díaz como presidenta, y luego ha otorgado estabilidad a su mandato apoyando los presupuestos autonómicos de 2016 y los del año que viene, que previsiblemente serán aprobados en un debate final dentro de dos semanas.

Nada más arrancar la legislatura, hace año y medio, Susana Díaz se dio cuenta enseguida de que con un Gobierno en minoría y un Parlamento muy atomizado, con cinco formaciones políticas, el control de la Cámara legislativa sería fundamental para garantizar la estabilidad del Ejecutivo.

Entonces tomó una decisión polémica con una clara estrategia política: eligió a tres líderes provinciales del PSOE para ocupar los tres puestos que le correspondían en la Mesa del Parlamento, incluida la presidencia, que ostenta el socialista Juan Pablo Durán. La oposición acusó entonces a Díaz de politizar un órgano que, en teoría, debía mantener neutralidad institucional y quedarse al margen de la trifulca entre partidos.

La Mesa de la cámara andaluza ha llegado a  vetar iniciativas legislativas de PP y Podemos antes incluso de que fueran debatidas

El poder de la Mesa no es baladí: dirige la actividad parlamentaria, interpreta el Reglamento y ordena los debates políticos. En este mandato, sus decisiones a veces han trascendido lo institucional, según los grupos de la oposición, por ejemplo al vetar iniciativas legislativas de PP y Podemos antes incluso de que fueran debatidas. Evitando que llegasen a Pleno, Díaz se aseguraba que del Parlamento nunca saliera una medida de la oposición que luego obligaría a su Gobierno a ejecutarla.

Esta dinámica duró poco, primero porque el letrado mayor emitió un informe, a petición de los grupos de la oposición, advirtiendo al presidente de la Cámara de que podría incurrir en un delito; y segundo, porque la alianza PSOE-Ciudadanos se consolidó rápido, y Díaz perdió el miedo a quedarse en minoría en las votaciones de los plenos.

El PP-A, principal partido de la oposición, recurrió al Tribunal Constitucional la composición la Mesa, al considerar que su grupo estaba injustamente representado en este órgano. De los siete miembros que la integran, el PSOE se quedó con tres, y PP, Podemos, Ciudadanos e IU uno cada uno. Los populares denunciaron que, con sus 33 diputados, habían obtenido la misma representación en la Mesa que IU (cinco escaños), y maniobró para que el sillón de la coalición de izquierdas fuera ocupado por una diputada popular.

Los socialistas y el resto de fuerzas le negaron esta opción, acogiéndose al artículo 36 del Reglamento de la Cámara, que establece que todos los grupos “tendrán derecho a estar presentes en la Mesa”. Ese artículo es el que hizo que la diputada del PP Patricia del Pozo perdiera su sillón en favor del candidato de IU, José Antonio Castro. “El PSOE no puede fabricar una mayoría en la Mesa que no tiene en las urnas. Esto es un atropello e indigno. Quieren empezar esta legislatura robando los votos en las urnas”, denunciaron entonces los populares, tras anunciar que pedirían amparo a la justicia.

Ahora el Alto Tribunal acaba de dar la razón al PP. El fallo concluye que el artículo 23.2 de la Constitución (derecho fundamental a la participación política) invocado por la diputada popular “prevalece” sobre el Reglamento de la Cámara, que establece que los cinco grupos deben tener por fuerza representación en la Mesa.

Según los jueces, la decisión que adoptó el presidente del Parlamento durante aquella sesión constitutiva (que fue el diputado de más edad, el socialista Luis Pizarro), basándose en el citado artículo 36 del Reglamento, “priva injustificadamente a la diputada recurrente de su derecho a formar parte como Secretaria de la Mesa impidiéndole ejercer las funciones inherentes al cargo que le habría correspondido ocupar por haber obtenido mayor número de votos que los candidatos propuestos por los grupos de C’s y de IU”, reza el fallo, al que ha tenido acceso Público. La demanda planteada por el PP, continúa el fallo, “afecta al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria”, dada la relevancia de las funciones que ejerce la Mesa.

La demanda planteada por el PP, según el TC, "afecta al núcleo esencial de la función representativa parlamentaria"

Los servicios jurídicos del Parlamento, en una primera lectura, entienden que el fallo obliga a devolver al PP un sillón más dentro de la Mesa (la Secretaría segunda), quitándoselo a IU. Por primera vez desde 1996 un grupo parlamentario (en este caso la coalición de izquierdas) se quedaría sin voz ni voto en el órgano de dirección.

Hasta el año 96, la Mesa estaba compuesta por cinco miembros, en vez de siete, puestos que casi siempre se repartían PSOE y PP, y el resto de grupos podían tener un vocal en dicho órgano (con voz, pero sin voto). En abril de aquel año se aprueba la segunda reforma del Reglamento de la Cámara, que elimina la figura del vocal y amplía la composición de la Mesa en dos miembros de pleno derecho (los siete actuales).

Ahora, la normativa interna del Parlamento chirría con la nueva realidad política (con cinco grupos y un reparto de fuerzas muy equilibrado). Para devolver a IU a la Mesa, los grupos tendrán que ponerse de acuerdo en reformar el Reglamento, bien incorporando un puesto más de Secretario (con voz y voto), o bien recuperando la figura de vocal, con voz pero sin voto. Cualquiera de los dos supuestos, según fuentes parlamentarias, supondrá incrementar el presupuesto de la Cámara, ya que los miembros de la Mesa cobran dietas exclusivas por representación.

La última vez que el PSOE estuvo en minoría frente a la oposición en el órgano director del Parlamento fue en la llamada 'legislatura de la pinza' (1994-96),

La última vez que el PSOE estuvo en minoría frente a la oposición en el órgano director del Parlamento fue en la llamada legislatura de la pinza (1994-96), que apenas duró dos años. También entonces había un Gobierno socialista minoritario que fue incapaz de aprobar los presupuestos autonómicos, y que se vio maniatado por la alianza táctica que formaron PP e IU, hasta que finalmente disolvió el Parlamento y adelantó las elecciones. Esta vez, las fuerzas conservadoras (PP y Ciudadanos) suman tres miembros y las progresistas (PSOE y Podemos) suman cuatro. Sin embargo, Susana Díaz mantiene un pulso más férreo con la líder del partido morado, Teresa Rodríguez, que con la formación naranja, sostén de su Gobierno. El nuevo equilibrio de fuerzas en la Mesa hace a la presidenta mucho más dependiente de Ciudadanos, un partido que también ha facilitado la investidura al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Constitucional ya desestimó una denuncia similar de Julio Anguita en 1986. El exlíder de IU denunció que, a partir de una interpretación errónea del reglamento de la Cámara, la elección de los miembros de la Mesa “había infringido el derecho fundamental a la participación política” [23.2 de la Constitución] del candidato de IU que quedó fuera (el diputado Miguel del Pino Nieto).

Pero el Alto Tribunal sentenció que “sólo en cuanto lesionen un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y no por infracción pura y simple de un precepto del Reglamento de la Cámara, son recurribles en amparo tales actos internos”. El recurso fue desestimado basándose en un informe del fiscal, que recordó que la propia doctrina del TC establecía que este tribunal no entra a enjuiciar si el reglamento interno de una Cámara legislativa ha sido bien o mal interpretado por alguno de sus representantes.

Treinta años después, la estrategia del PP andaluz es la misma: una denuncia sobre el incumplimiento del reglamento de la Cámara, encubierta en un recurso de amparo por la vulneración de los derechos fundamentales de la diputada Patricia del Pozo, que era la clave para que prosperase el recurso. Y esta vez ha funcionado.