Sindicatos de seguridad privada inician acciones contra la Policía por no sancionar a las empresas

MADRID- Los trabajadores de Seguridad Privada llevan desde 2011, cuando el PSOE cambió la legislación denunciando la instalación de sistemas no homologados de alarma y viodevigilancia, sin que la Policía, encargada de inspeccionar y abrir expedientes a las empresas, haya obligado a cumplir la normativa. Por eso la Intersindical que los reúne ha decidido comenzar a interponer denuncias caso por caso, como el ahora denunciado, que afecta a 961 usuarios de La Moraleja (Madrid).

Fue ese año cuando presentaron los primeros escritos ante la Unidad Central de Seguridad Privada (UCPS) de la Policía Nacional, dirigida por el comisario Esteban Gándara, “que nunca ha hecho caso a nuestras denuncias que ponen en peligro, como en este caso, no ya a los trabajadores, sino a los usuarios de estos servicios que son carísimos y que en la mayoría de las ocasiones no están homologados”, según la responsable sindical.

Los sindicatos elevan la cuantía no recaudada por Hacienda en 15.000 millones de euros.

Sumando los expedientes a todas las empresas de seguridad que podrían conllevar multa por instalar sistemas no homologados en centros comerciales, bancos, universidades o urbanizaciones de todo el territorio español, los sindicatos elevan la cuantía no recaudada por Hacienda en 15.000 millones de euros.

El caso Moraleja

En la lujosa zona de La Moraleja, en Madrid, -donde vivió por ejemplo la cantante Isabel Pantoja, que sufrió un robo- en 2011 el inspector avisó a Seguridad La Moraleja de que no cumplía los requisitos de una central receptora de alarmas, lo que suponía la apertura de un expediente por una infracción muy grave. No se abrió dicho expediente y se decidió subcontratar a Prosegur para esa parte del trabajo.

Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada.

Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada. En el caso de los sistemas no bidireccionales, que no identifican claramente a los usuarios sino que lo hacen con las siglas “BB”, el problema está en que además “Prosegur llegó a reconocer ante las quejas de los trabajadores que carecía de los teléfono válidos para localizar a clientes, las incidencias no se pueden gestionar directamente con los afectados”.