David Marjaliza, presunto 'cerebro' de la trama Púnica y socio del ex secretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados recibió presuntamente más de 10 millones de euros en efectivo entre 2004 y 2006 por las facturas que recogían servicios y relaciones comerciales que nunca se realizaron.

Así consta en la querella de la Fiscalía Anticorrupción, de junio de 2014, que inició la investigación y que está contenida en el sumario del 'caso Púnica'.

La Fiscalía precisa que el constructor cobró esas cantidades a través de sus empresas y en billetes de 500 euros. La cifra más alta es la correspondiente a 2005 (5,5 millones de euros), seguida de la de 2004 (3,2 millones) y la de 2006 (1,5 millones), sumando en total 10.248.356,11 euros.

Además, señala que indiciariamente ese dinero "ha sido en parte enviado a Suiza mediante operaciones de compensación, estando pendiente de investigarse en la causa si también se ha utilizado para pago de favores u otra finalidad similar".

La trama Púnica, desarticulada en octubre de 2014, consiguió contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Financiación ilegal del PP valenciano

La Guardia Civil sospecha que empresarios relacionados con la trama Púnica estaban dispuestos a financiar ilegalmente la campaña del PP valenciano para las elecciones del pasado mes de mayo. El Grupo de Delitos contra la Administración del Instituto Armado detectó dos conversaciones del constructor David Marjaliza que apuntaban a que pretendían entregar donaciones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas en los municipios de Calpe y Elche.

Según se desprende del sumario del caso Púnica, los agentes precisaron, en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que si se confirmaba el contenido de las llamadas telefónicas se estaría "ante un caso de financiación irregular de partidos políticos" con la participación de "personas de especial relevancia en la Comunidad Valenciana".

Los agentes suponen que la trama había iniciado "contactos con autoridades públicas" y agregan que en esos encuentros "pudiera producirse un concierto para la adjudicación de contratos de antemano a cambio de financiación de una campaña política".

"Lo hablamos pero no por teléfono que es mejor, lo hablamos bis a bis", pide Marjaliza a De Pedro

En la primera de las conversaciones Marjaliza habla con otro de los empresarios imputados en la trama, Alejandro de Pedro. Éste último comenta que se reunió el 19 junio de 2014 con "Zaplana", que los agentes identifican como el exministro 'popular'. De Pedro dice también a Marjaliza que tiene previsto reunirse la siguiente semana con el presidente de la Comunidad Valenciana, en esas fechas Alberto Fabra, para tratar "el tema de campaña".

La Guardia Civil no concreta si ese encuentro llegó a producirse. "A juicio policial del contenido y tono de la conversación puede deducirse que en la reunión que tiene previsto mantener con el presidente, dado que le van a reclamar para la campaña (previsiblemente la campaña para las elecciones que se celebrarán en 2015) va a solicitar como contrapartida la adjudicación de contratos", dice en su informe.

"Tema de campaña"

Según la transcripción de la conversación, De Pedro dice a Marjaliza: "Voy a ponerme la reunión con el presidente la semana que viene si no pasa nada, ¿vale?. Una de las ideas que se me han ocurrido es que, como él ahora me va a pedir tema de campaña".

En ese punto, Marjaliza le corta para advertirle que no trate ese tipo de cuestiones por teléfono. "Lo hablamos pero no por teléfono que es mejor, lo hablamos bis a bis", le dice.

Unos minutos después Marjaliza habla con alguien identificado como Alfonso y ambos se refieren a la misma publicación de concursos en Elche y Calpe. Alfonso afirma: "apalabraíllo teníamos de los siete, uno seguro y dos bueno". "De dicha afirmación parece deducirse que tendrían comprometida la adjudicación de un procedimiento público de contratación", indica la Guardia Civil.