Al final habrá transparencia. Al menos a eso se comprometió ayer, desde A Coruña, el vicepresidente económico Pedro Solbes anunciando que, si el PSOE sigue en el poder, las balanzas fiscales entre todas las comunidades autónomas y el Estado se harán públicas.

El número dos del PSOE por Madrid explicó que 'no tiene inconveniente' y que ha ordenado crear un grupo de trabajo en su ministerio para que se sepa cuánto paga y cuánto recibe de las arcas estatales cada autonomía.

Solbes adelantó que los resultados tendrán lecturas bien diversas pues se usarán dos métodos de cálculo, uno por flujos monetarios y otro por incidencia económica. El Instituto de Estudios Fiscales empezó a trabajar, por mandato de las Cortes y con un grupo de 15 expertos, en 2005 sobre posibles métodos de cálculo y acordó dos, que ahora se usarán.

Elementos de corrección

El vicepresidente avisó que no habrá 'una sola balanza fiscal que diga toda la verdad' y que todos 'los problemas' que este debate genera entre el Estado y las autonomías no se resolverán. En todo caso las balanzas, a las que se introducirán elementos de corrección que no detalló, 'no condicionarán' el modelo de financiación autonómica que debe entrar en vigor en verano de 2008. Pero, quiera o no Solbes, serán un argumento.

En las últimas semanas la presión en torno a su publicación se había intensificado. CiU y ERC las han convertido en una reivindicación histórica que les vale para, apoyados en la histórica opacidad de los gobiernos centrales con las cifras, afirmar que el déficit fiscal catalán es insostenible (lo cifran en el 10% de su PIB). Unos y otros han avisado que no negociarán investir a ningún presidente del gobierno que no las publique antes.

A ellos se les ha añadido el PSC, que ahora las ha reclamado formalmente por boca de José Montilla y con su manifiesto electoral. Incluso el flamante fichaje del PP, Manuel Pizarro, descolocó a los suyos la semana pasada diciendo no tener problema en que las balanzas fiscales vean la luz.

Por contra el gobierno andaluz, uno de los grandes perceptores de 'solidaridad', es reacio a difundirlas y a que se tomen como argumento para negociar la financiación.