Los Sumarroca, un clan empresarial estrechamente vinculado a CDC y a los Pujol

BARCELONA.- La detención este jueves del empresario Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de la constructora Teyco, y de su tío Joaquim Sumarroca Coixet, por el presunto pago de comisiones ilegales al exalcalde de Torredembarra (Tarragona) Daniel Masagué -también detenido- es el último escándalo que golpea a un poderoso clan familiar estrechamente vinculado a CDC y, especialmente, a Jordi Pujol. El patriarca familiar es Carles Sumarroca Coixet, íntimo del expresidente de la Generalitat de Catalunya y, como él, uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Sumarroca Coixet, además, impulsó las constructoras Emte y Teyco, que fueron beneficiadas por numerosos contratos públicos durante la última década del pujolismo, así como por importantes adjudicaciones de otras administraciones controladas por CDC. Pero los vínculos entre las dos familias van mucho más lejos e implican negocios compartidos entre las esposas de los patriarcas, sospechosas relaciones empresariales entre hijos e imputaciones judiciales.

El estallido del caso Pujol provocó, por ejemplo, las imputaciones de Carles Sumarroca Coixet y de su primogénito, Carles Sumarroca Claverol. La Fiscalía Anticorrupción los acusa de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil y los imputó como presuntos colaboradores en los oscuros negocios de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente catalán. En concreto, Project Marketing Cat, una sociedad de Pujol Ferrusola, facturó más de 150.000 a Emte entre 2008 y 2009 supuestamente por trabajos de “intermediación” que no se han podido acreditar. Pero la sospecha es que realmente se trataba del pago de comisiones a cambio de interceder en la adjudicación de obras públicas. Aparte de los escándalos más recientes, Emte y Teyco acumulan un largo bagaje de sobrecostes, contrataciones irregulares, investigaciones judiciales y denuncias de la Sindicatura de Comptes -organismo encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público catalán-.

El pasado 2 de septiembre, Guanyem Barcelona y Podem -con el apoyo de ICV-EUiA, Procés Constituent y Partido X- presentaron una querella ante la Audiencia Nacional contra la família Pujol Ferrusola y varios empresarios, entre los que estaban Carles Sumarroca y sus hijos, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude fiscal y tráfico de influencias. La querella, que denunciaba concesiones irregulares de contratos públicos y sobornos, destapa un entramado de relaciones entre las dos familias, con casos concretos como Hidroplant, una empresa que tenía como socias a Marta Ferrusola y a Núria Claverol -las esposas de Jordi Pujol y Carles Sumarroca, respectivamente- y que obtuvo contratos públicos durante la larga etapa del entonces factótum convergente al frente de la Generalitat.

La querella, que contó con el asesoramiento del exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, también expone que “algunas concesiones administrativas de parques eólicos fueron otorgadas de manera sospechosa a personas del entorno de CDC mediante informes de impacto ambiental elaborados por Entorn SL y Codema” en los años 2002 y 2003. La querella subraya que Entorn SL estaba dirigida por Pere Pujol Ferrusola, otro de los hijos del expresidente, y fue fundada con Albert Sumarroca Claverol, a su vez hijo del empresario, quién estaba al frente de Codema. Para cerrar el círculo, en aquella legislatura el responsable de la concesión de licencias era Oriol Pujol Ferrusola -secretario general de CDC hasta 2013, cuando dimitió por su imputación en el caso ITV-, como secretario general del Departamento de Trabajo, Industria y Comercio.

Además, Guanyem y Podem también denunciaron que antes de las elecciones autonómicas del 2003 -que supusieron la salida del gobierno de CiU y la llegada al poder del primer tripartito- Emte obtuvo uno de sus contratos más importantes. En concreto, se trataba de la adjudicación para ejecutar el proyecto y las obras de sistemas de comunicaciones de la línea 9 del Metro de Barcelona, que recayó en la compañía a través de una unión temporal de empresas (UTE) por un importe de 150 millones de euros. Y paralelamente a estos contratos, los dos grupos políticos expusieron que existían relaciones comerciales de consultora prestadas por Project Marketing Cat, de Jordi Pujol Ferrusola, a Emte. En la querella se considera que estas relaciones “resultan sospechosas de ser pagos encubiertos de comisiones, ya que no responden a una prestación de servicios acreditada” por parte de Pujol Ferrusola.

Según reveló hace un año una investigación del Diari de Girona, Teyco y Emte figuraban entre las diez constructoras más destacadas como adjudicatarias de concursos de obras públicas de la Generalitat entre 1982 y 2003. En concreto, durante este período obtuvieron contratos por un mínimo de 285 millones de euros. Durante el tripartito, el negocio con la Generalitat del grupo Sumarroca se desplomó y ha sido durante la presidencia de otro convergente, Artur Mas, cuando ha vuelto a elevarse, a pesar de las restricciones presupuestarias. Teyco y el grupo Comsa Emte -surgido en 2009 a raíz de la fusión de la constructora de los Sumarroca con Comsa, de la familia Miarnau- se han llevado contratos de obra pública por valor de 36,7 millones de euros desde 2012 (21,1 para Comsa Emte y 15,6 para Teyco). Comsa Emte se unieron después del desplome del negocio constructivo y el nuevo grupo se mantiene como uno de los más grandes del sector en el Estado, con una facturación de 1.364 millones en 2014.

El éxito de los Sumarroca en los contratos públicos no implica ni de lejos una trayectoria inmaculada en la ejecución de los proyectos, sino más bien unas buenas conexiones políticas. En 2009, la Sindicatura de Comptes reveló que Teyco fue una de las empresas que acumuló más sobrecostes no justificados en los últimos años del gobierno de Pujol. Según el informe, las desviaciones presupuestarias llegaron al 80% de lo previsto inicialmente.

Precisamente, en el caso de Torredembarra -que ha provocado la detención hoy de Jordi Sumarroca por el presunto pago de 581.000 euros desde dos filiales a Teyco a sociedades del entonces alcalde Daniel Masagué (CDC)- el ayuntamiento adjudicó a la compañía la construcción de un aparcamiento en 2009 por 2,5 millones, pero finalmente la obra costó un 40% más. Emte, la otra gran empresa familiar, fue denunciada también por la Sindicatura de Comptes por sobrecostes y adjudicaciones a dedo en obra del Hospital de Sant Pau.