¿Y si, además de intervenir los precios de los productos básicos para evitar los abusos de los grandes supermercados, hiciéramos un supermercado público?

La diferencia entre un supermercado público y uno privado es fácil de entender. El público necesita ser eficiente pero no persigue el lucro ni los grandes beneficios, sino satisfacer una necesidad social. Eso, justamente eso, le da una enorme ventaja competitiva que le permitiría pagar mejor a los ganaderos y agricultores y también a sus propios trabajadores. Un supermercado público crearía empleo de calidad, favorecería a los productores locales, priorizaría los productos ecológicos y bajaría los precios de los productos básicos.

¿Y si, además de intervenir los precios de los productos básicos y de crear un supermercado público, favoreciéramos también la creación de supermercados cooperativos autogestionados?

Estos supermercados ya existen en España pero no cuentan con apoyo público en forma de legislación favorable, subvenciones o líneas de crédito preferentes. Podrían ser propiedad de organizaciones de trabajadores, consumidores y productores que tomarían así el control de la cadena alimentaria. Los socios decidirían los criterios que deberían cumplir sus productos, y podrían apostar también por los productos ecológicos y de cercanía, garantizando precios justos para los productores locales y los consumidores.

No tendrían ánimo de lucro como los supermercados públicos, pero sí beneficios que deberían tener una función social y política. ¿O acaso se puede hacer política en sociedades de mercado sin competir en el mercado? Una red de supermercados cooperativos y autogestionados podría ser un poder económico progresista.

Siempre hay que pensar fuera de la caja. Este martes en La base respondemos con radicalidad a la pregunta ¿Qué hacer frente a los abusos de los grandes supermercados?