El Supremo anula por primera vez una condena a un miembro de ETA porque no se investigó una denuncia de tortura
Atentado con bomba en Bilbao
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MADRID.- El Tribunal Supremo ha anulado una de las condenas del miembro de ETA Iñigo Zapirain Romano porque la Audiencia Nacional no admitió en el juicio que se investigara si había sido objeto de torturas, tal y como él denunciaba, según fuentes jurídicas consultadas por Público.
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El fallo supone un salto en la jurisprudencia de España al asumir por primera vez y de forma plena la línea marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con la obligación de investigar de forma eficaz la tortura que disponen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio de Prevención de la tortura.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzó este fallo en su deliberación del pasado 14 de junio, aunque la relevante sentencia aún no ha sido difundida.
El ponente de la resolución es el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Jiménez García, quien ejerció durante 18 años en el País Vasco y donde fue presidente de las audiencias de Bilbao y San Sebastián durante los llamados años del plomo, en las décadas de los años 80 y 90.
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Atentado con bomba en Bilbao
El alto tribunal anula así la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que condenó a Zapirain a 15 años de prisión por estragos terroristas al colocar un artefacto explosivo en el barrio de Santutxu, en Bilbao, junto a una oficina del INEM, en 2006.
La Audiencia Nacional deberá repetir este juicio, en el que también condenó por el mismo atentado a los integrantes de ETA Beatriz Etxebarria Caballero ('Kot’) y Saioa Sánchez Iturregui ('Hintza').
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La Audiencia Nacional no admitió que en el juicio se practicara una prueba pericial psicológica, solicitada conforme a las reglas fijadas en el Protocolo de Estambul de la ONU, en relación con una situación de posibles torturas que argumentaba Zapirain, en línea con las obligaciones de investigar estos casos que impone el TEDH.
La sentencia anulada fue dictada el 11 de diciembre de 2015 por los magistrados Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Este último emitió un voto particular en el que defendía la necesidad de que se admitiera esta prueba.
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La detención de Zapirain se produjo en su domicilio de Bilbao en la madrugada del 1 de marzo de 2011, junto con la de su compañera Beatriz Etxebarria Caballero, a la que se refiere la sentencia del TEDH en el caso Etxebarria Caballero Vs. España, después de denunciar que había sido objeto de torturas y que no habían sido adecuadamente investigadas por los tribunales.
Ocho condenas por no investigar torturas
La decisión del Tribunal Supremo constituye un importante avance jurisprudencial, en cuanto que supone por primera vez la plena asunción por parte del alto tribunal de las obligaciones internacionales para la investigación judicial de las denuncias de torturas.
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España ha sido condenada en ocho ocasiones por incumplir la obligación de investigar torturas verosímiles. Siete de estas condenas se refieren a personas detenidas e incomunicadas en casos de terrorismo de ETA, entre ellas la resolución sobre Martxelo Otamendi (2012).
El periodista de Egunkaria Martxelo Otamendi estuvo presente en la famosa conferencia que el magistrado José Ricardo de Prada pronunció en Tolosa el pasado abril en la que trasladó su percepción personal de casos de "sospecha fuerte" de tortura que no habían sido respondidos por el Estado de Derecho.
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Igualmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó también a España en 2013 por falta de una investigación pronta, imparcial, exhaustiva y completa de denuncias de tortura de Maria Cruz Achabal Puertas y, en 2012, de Orkatz Gallastegi Sodupe.
Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor Alonso eran miembros del Comando Otazua (2006-2011) y fueron condenados a 485 años de cárcel por el asesinato del brigada Luis Conde (2008); otros 3.860 años cada uno por el atentado contra la casa cuartel de Burgos (2009) y otros 45 años por el asesinato del policía Eduardo Puelles (2009), así como a 15 años por la bomba de Santutxu.