La Sala II del Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por el PP, como acusación popular, contra el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de noviembre de 2019 que decretó el sobreseimiento libre, por prescripción de los delitos, en una causa que investigaba las subvenciones recibidas por la agencia Viajes Ceres como adjudicataria, hace 30 años, de un concurso público para la realización de viajes de la tercera edad.

Este caso se enmarca dentro de la causa por la financiación irregular del PSOE, conocido como 'caso Filesa', durante el último gobierno de Felipe González, por el que fueron enjuiciadas por el Supremo en 1997 doce personas, entre ellas, tres cargos o excargos del PSOE, por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida.

Los acusados fueron condenados a entre dos y once años de prisión. Se demostró que mediante una trama de contrataciones públicas el entonces PSOE financió irregularmente sus campañas para las elecciones generales y europeas de 1989, desviando unos siete millones de euros.

El cerco judicial sobre la agencia Ceres se inició en 1991 por una querella por alzamiento de bienes, cohecho y estafa interpuesta por la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (ENATCAR), que reclamaba el pago de una deuda a Ceres, pero esta se había declarado en quiebra. Viajes Ceres había sido la adjudicataria del concurso público para los viajes del IMSERSO para personas mayores, entre 1988 y 1990. 

El Partido Popular se personó como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid, que investigaba indicios de que una parte de las subvenciones recibidas por Ceres --en torno a 2.000 millones de pesetas de los 7.000 recibidos (42 millones de euros)--había sido desviada a la 'trama Filesa'. 

Antes de que se decretara la apertura de juicio oral, la Audiencia Provincial de Madrid decretó el sobreseimiento por prescripción de los hechos, el 18 de noviembre de 2019, al estimar el recurso de uno de los imputados que incidía en la paralización que había sufrido la investigación entre 2009 y 2015, años en los que no había habido avances.

Pero ahora el Supremo cambia las tornas. Estima el recurso interpuesto en su día por el PP contra el archivo de la causa e indica que la resolución de la Audiencia de Madrid acordando la prescripción de los delitos se produjo antes de que el juzgado determinara "claramente el objeto del enjuiciamiento", "por lo que no es posible conocer la concreta imputación para determinar los términos que pueden dar lugar a la prescripción del hecho delictivo", razona el Alto Tribunal, pese a que en el momento del archivo, el juzgado instructor había señalado ya las imputaciones.

Y así lo reconoce el Supremo cuando manifiesta que el juzgado de instrucción había dictado, el 20 de junio de 2018, auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Sin embargo, según la sentencia de la Sala Segunda es insuficiente ese paso. "Cuando el juez de instrucción dispone la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, se limita a determinar la imputación fáctica de unos hechos y la incriminación, genérica, de unos tipos penales, avanzando en la progresiva cristalización derivada de las exigencias del principio acusatorio". 

"Para materializar la progresión –dice la sentencia-- es preciso una mayor determinación del objeto del proceso que se realiza en los escritos de calificación de las partes acusadoras, y el posterior auto de apertura del juicio oral, donde se enmarca el objeto del proceso y se determina el órgano competente para el enjuiciamiento y la efectiva imputación de los hechos que van a ser enjuiciados". Esta parte del procedimiento nunca llegó a materializarse al haberse decretado el sobreseimiento por prescripción de la causa, algo que ahora el Supremo pretende reparar con la reapertura de la investigación. 

Los procesados antes del archivo en 2019 eran, entre otros, Rafael Novoa, Antonio Mata, Carlos Rodríguez --primo del exministro José Bono--, Eligio Salgueiro y Joaquín Lluch. Algunos han fallecido ya, como Luis Oliveró. Ahora, tras la sentencia del Supremo, la causa deberá regresar al Juzgado de Instrucción 26 de Madrid en el punto en el que se quedó en junio de 2018.  

El fantasma de 'Filesa' 

Por la trama 'Filesa' fueron condenados tres altos cargos del PSOE: el entonces senador Josep María Sala, el diputado del PSC Carlos Navarro y
la coordinadora de finanzas del partido Aída Álvarez. Sala fue el único que vio rebajada su condena el Tribunal Constitucional, que le ahorró uno de los tres años de cárcel al descartar el delito de falsedad documental. Carlos Navarro fue condenado a dos penas de tres años de prisión, reducidas posteriormente a la mitad tras ser indultado por el Gobierno de Aznar. Álvarez y su marido fueron condenados a dos años y cuatro meses de prisión. Años después volverían a ser condenados por otra derivada del 'caso Filesa' que investigaba las comisiones por adjudicaciones en la construcción del AVE entre Madrid y Sevilla.

El grupo Filesa se dedicaba sobre el papel al asesoramiento empresarial. El Tribunal Supremo declaró probado que el PSOE obtuvo 1.000 millones de pesetas a través del pago, por parte de empresas y bancos, de informes irreales, inexistentes realizados por Filesa. También fue un hecho probado en la sentencia que Filesa pagó servicios electorales del Partido Socialista en 1989, las últimas elecciones generales a las que se presentó Felipe González. 

El caso de la Agencia Ceres, que ahora debe reabrise, estaría relacionado con este caso de financiación ilegal del PSOE, al haber transferido sus responsables parte de las subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales a empresas del grupo Filesa.