MADRID.—El Tribunal Supremo ha dado curso este jueves a la petición de autorización al Congreso de los Diputados para proceder contra el portavoz de la antigua Convergència (CDC) —ahora Partit Demòcrata Català (PDC)— en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación al participar en la preparación de la consulta del 9-N.

El alto tribunal adopta esta decisión a instancias del instructor de la causa, Andrés Palomo quien descarta las acusaciones de malversación de caudales públicos que pesaban inicialmente sobre el diputado. En su providencia, comunica también a las partes que la exposición razonada que ha redactado con sus conclusiones está a su disposición por si quieren consultarla.

En su providencia, comunica también a las partes personadas en este procedimiento que la exposición razonada en la que vierte las conclusiones de su investigación está a su disposición por si quieren consultarla.

Considera por lo tanto el magistrado instructor que hay indicios de que Homs desobedeció la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió la celebración de la consulta catalana del 9-N.

En sus respuestas al juez Palomo, Homs descartó haber tenido conciencia de haber desobedecido al Constitucional

Durante su declaración el pasado 19 de noviembre, el diputado criticó ante el propio instructor de la causa el papel de la Fiscalía por ser contradictoria la presentación de la querella con la decisión inicial de los fiscales catalanes, que no veían caso. En una rueda de prensa posterior, Homs señaló que la sentencia está "dictada" y que existe una actitud gregaria entre Gobierno, Fiscalía y jueces instructores respecto al 9-N.

En sus respuestas al juez Palomo, Homs descartó haber tenido conciencia de haber desobedecido al Constitucional, pues su resolución no era concreta y desconocía a qué ámbito de actuación se refería. También señaló que el proceso era imparable y él actuó inmerso en este ámbito político, según explicó su defensa al término de su declaración.

Homs llegó ese día al Supremo acompañado por líderes del partido refundado como la vicepresidenta del partido, Neus Munté; la coordinadora general del partido, Marta Pascal; exconsejeros como Irene Rigau, Santi Vila y Meritxell Borràs; el presidente del Grupo Parlamentario de JxSí, Jordi Turull, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, entre otros representantes institucionales del partido, así como de diputados de Podemos, PNV y Esquerra Republicana.

El Ministerio Público, que es el único que acusa en esta causa, considera que Homs tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria.

La prueba de cargo es una carta con la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del Tribunal Constitucional.

En esta misiva, Homs no solo legitima la continuación de los servicios sino que se advierte "de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista" ya que pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.