MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado, por inconstitucional, un artículo sobre la Agencia Tributaria de Cataluña de la Ley de la Agencia Tributaria de Catalunya que prevé la integración voluntaria de funcionarios en este nuevo órgano al considerar que vulnera la competencia del Estado en esta materia.

El Pleno del TC ha concluido que las disposiciones adicionales de este artículo sobre 'integración voluntaria en el cuerpo superior de inspectores tributarios de la Generalitat' y en el 'cuerpo técnico de gestores tributarios de la Generalitat' vulneran "la competencia atribuida al Estado sobre el régimen estatutario de los funcionarios", según ha adelantado El Periódico de Catalunya.

El pleno del Parlamento catalán aprobó a principios del pasado mes de junio la reforma de la Ley 7/2007 que regula la Agencia Tributaria de Catalunya. La intención de la reforma era reordenar los cuerpos de personal tributario con el propósito de adquirir nuevas funciones, desplegar la hacienda propia y construir "estructuras de Estado".

El Constitucional anula dos disposiciones adicionales de dicha norma que prevé que la incorporación de funcionarios sea voluntaria y se limite sólo a los que estén destinados en Catalunya o residan allí.

La sentencia difundida por el Tribunal Constitucional falla que la vía de acceso de los funcionarios es inconstitucional. El TC no anula la ley sobre la Agencia Tributaria catalana, sino las disposiciones que prevén el paso a este nuevo órgano de funcionarios de la Generalitat o que trabajen en Catalunya.

El Constitucional razona en su sentencia que esta vía de acceso de funcionarios para crear la nueva Agencia Tributaria catalana, al margen de la oposición, contradice "de un modo efectivo e insalvable" la norma básica estatal de acceso a la función pública, concretamente, el artículo 61.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.  Y que vulnera la competencia atribuida al Estado sobre el régimen estatutario de los funcionarios por la Constitución (149.1.18)

En la sentencia difundida, el TC aborda la norma básica del Estado, que sólo contempla el carácter abierto de los procesos selectivos de acceso a la función pública, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esto es, el acceso por medio de un concurso-oposición, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Desde esta perspectiva, analiza lo dispuesto en la ley de la Agencia Tributaria catalana y concluye no se está ante un proceso de promoción interna de funcionarios, ni de discriminación positiva porque "no se determina ningún grupo en situación desfavorable que requiera un mejor trato que el resto de posibles participantes".

El TC explica en su resolución que el mecanismo diseñado constituye un "verdadero acceso a la función pública" -y no un procedimiento de provisión de puestos de trabajo-, mediante la integración de un cuerpo funcionarial de la Generalitat catalana.

El Constitucional expone las razones por las que considera que son pruebas restringidas: la ley catalana veta a todo aquel que no es funcionario y que, además, no está destinado en Catalunya en el momento de la convocatoria.

Y de este análisis, se desprende que el sistema de acceso a la Agencia Tributaria catalana "está vedado a varias categorías de personas que cumplen con los requisitos legales establecidos para la realización de los principios de mérito y capacidad, con lo que corresponde calificarla de 'prueba restringida' de acceso a la función pública".

Por ello, el TC declara inconstitucionales y nulas las dos disposiciones adicionales, "en la medida que disciplinan sendos supuestos de 'pruebas restringidas' de acceso a la función pública sin cobertura en la normativa básica estatal, declaración que se proyecta no solo sobre su apartado primero sino también respecto su apartado segundo, pues la regulación de éste, en la medida que se refiere a las circunstancias de las convocatorias llamadas a regir tales procesos, es meramente accesoria del mecanismo de "prueba restringida" establecido en el apartado primero".

El Gobierno impugnó en julio de este año dos disposiciones adicionales del artículo 4 de dicha ley al considerar que vulnera el derecho a la igualdad, protegido por el artículo 23 de la Constitución donde se reconoce que los españoles "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".

El artículo 4 de la norma catalana prevé la "integración voluntaria" de los funcionarios de la Agencia Tributaria en cuerpos dependientes de la Generalitat, en concreto en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión. Pero, en las disposiciones adicionales, limita el acceso a esta Agencia a los inspectores y técnicos que tengan un destino definitivo en Catalunya o que en el momento de la convocatoria presten servicios en la Administración de la Generalitat o en sus entes públicos.