El TC anula las tasas judiciales de Gallardón pero no devolverá el dinero

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según fuentes jurídicas. 

De este modo, el TC anula las cuotas fijas impuestas a las personas jurídicas para interponer un recurso contencioso-administrativo abreviado (200 euros) y ordinario (350 euros). Asimismo, tumba la cuantía de 800 euros que las pequeñas y medianas empresas, asociaciones o comunidades de propietarios tienen que abonar para para presentar un recurso de apelación y la de 1.200 euros para interponer un recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, así como las tasas de 500 y 750 euros, respectivamente, para recurrir en suplicación y casación en el orden social, según informa el TC en una nota de prensa.

Cuantías "desproporcionadas"

Ahora bien, tal y como recoge la resolución, entiende que la cuantía de las tasas (tanto en la cuota fija como en la variable) resultan "desproporcionadas" y puede producir un "efecto disuasorio" en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia. Así, añade que los fines perseguidos por la ley recurrida son "constitucionalmente legítimos", en referencia al objetivo de evitar situaciones de abuso por parte de los que no buscan tutela judicial sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos.

"Concepción mercantilista"

El Sindicato Independiente de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha aplaudido dicha sentencia, ya que es una "buena noticia" para los ciudadanos y para el sistema judicial. Además, ha recalacado, en un comunicado, que la derogación de esta normativa hace "obvio" el "fracaso social, político y de gestión".

"Atentado contra la democracia"

En su recurso, presentado en julio de 2013, el grupo parlamentario socialista argumentó que la normativa, que financiaría la justicia gratuita según Gallardón, era "abusiva e injusta" y suponía un "atentado" contra la democracia. Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.