Los técnicos del órgano de gobierno de los jueces creen que no es necesario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncie sobre el polémico tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, CETA, ratificado por el Europarlamento y por el Congreso de los Diputados.

Fuentes del CGPJ explican a Público que el Gabinete Técnico de este órgano ha emitido un informe que considera que no existe base legal para estimar que la facultad consultiva del Consejo se extienda a la autorización parlamentaria de tratados internacionales, sin perjuicio de que esta consulta pueda ser requerida por el Gobierno, las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aclaran.

Teniendo en cuenta que el Gobierno del PP ha evitado pedir este informe hasta la fecha, como le reclamaban las 350 organizaciones sociales, sindicales y medioambientales que integran la Campaña no al TTIP, CETA y TiSA, así como el grupo parlamentario Unidos Podemos, es difícil que el Ejecutivo cambie de criterio y solicite un informe que, según el grupo parlamentario del partido de Pablo Iglesias, es "preceptivo", como también lo es el del Consejo de Estado, que sí fue requerido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La posición de los técnicos del CGPJ será debatida en la próxima reunión de la Comisión Permanente de este órgano, este jueves, donde además se decidirá si el Consejo debe o no pronunciarse. El informe de los técnicos no es vinculante -como tampoco lo sería el del CGPJ-, pero fuentes del Consejo sostienen que, habitualmente, la Permanente suele adoptar como propias las posiciones argumentadas por el Gabinete Técnico. No obstante, sí reconocen que, en ocasiones, la Permanente sorprende desmarcándose.

Por su parte, desde el Consejo General del Poder Judicial han rechazado pronunciarse sobre este informe, y se han limitado a confirmar que efectivamente entra en el orden del día de la reunión de la Permanente, el 6 de julio.

Cuatro miembros de la Permanente son progresistas

De los ocho integrantes de la Comisión Permanente, cuatro fueron nombrados a propuesta del PSOE: María del Mar Cabrejas Guijarro: Rafael Mozo Muelas; Alvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre. Teniendo en cuenta el cambio de posición del PSOE en relación al CETA -pasando del 'sí' que antes mantuvo la primera dirección del propio Pedro Sánchez a la abstención-, y dado que se les atribuye una orientación política progresista, no es descartable que alguno de ellos adopte una línea distinta a la del Gabinete Técnico.

Como informó este diario, la petición de que la Comisión Permanente estudiase si debía pronunciarse sobre el CETA fue cursada por María Concepción Sáez Rodríguez, vocal del CGPJ, que a su vez atendía a la solicitud de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que forman parte de la Campaña contra el CETA y otros tratados de libre comercio.

Tras pasar por el Congreso de los Diputados, previsiblemente el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) llegará al Senado en septiembre, cuando arranque el próximo periodo de sesiones. La mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación en la Cámara Alta, y sobre la mesa sólo hay dos vías por las que, recurriendo al Tribunal Constitucional, podría pararse la ratificación del tratado por parte de las Cortes Generales, ambas planteadas por Unidos Podemos.