El 'timo' de la transición: una democracia urdida con los mimbres del franquismo

La línea que separa el franquismo de la transición es difusa, aunque la conexión entre el régimen jurídico franquista y la Constitución de 1978 resulta evidente. No hubo una ruptura entre la dictadura y la democracia, de la misma manera que la Carta Magna fue fruto de una reforma constitucional dentro del régimen franquista, "el último peldaño de un orden jurídico que tenía sus orígenes en un golpe de Estado", escriben Justo Navarro y José María Pérez Zúñiga en La carta robada (Anagrama).

"Hay quienes se sienten incómodos si se recuerda en voz alta este proceso histórico. Sin embargo, en nuestro libro no se emite ni un solo juicio de valor, sino que se cuentan unos hechos que tuvieron lugar y que, callados siempre, están a la vista de quien quiera verlos", explica Navarro, novelista y poeta que firma un breve ensayo junto a Pérez Zúñiga, profesor de Derecho en la Universidad de Granada, donde analizan las leyes que facilitaron la transición entre 1969 y 1978.

Paradójicamente, "los mismos que consideran la reforma como un ejemplo de buen hacer se molestan si se disecciona en qué consistió esta transformación modélica de un régimen dictatorial en una democracia", añade el autor de Accidentes íntimos, Premio Herralde de Novela en 1990. "Han pasado muchos años desde enero de 1977 [fecha de su promulgación y entrada en vigor] y es como si los pasos que condujeron a la reforma fueran uno de esos secretos de familia que es de mal gusto recordar".

Ellos, sin embargo, se han propuesto en La carta robada. El caso del posfranquismo democrático rastrear las maniobras del régimen para "dejarlo todo atado y bien atado". Entre ellas, cuando Franco se amparó en la Ley de Sucesión de 1947 y en la Ley de 22 de julio de 1969 para designar como sucesor en la Jefatura de Estado a Juan Carlos de Borbón, cuya proclamación como rey por las Cortes franquistas tendría lugar en 1975, dos días después de la muerte del dictador.

Juan Carlos I nombró presidente a Adolfo Suárez en 1976 y durante su Gobierno se aprobaría la Ley para la Reforma Política, luego sometida a referéndum, como Octava Ley Fundamental del Estado. Esta legitimó las elecciones generales de 1977, las nuevas Cortes y la Constitución —ratificada en referéndum por los españoles en 1978—, cuya disposición derogatoria aboliría la propia Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales franquistas.

"Sin embargo, esa disposición no supone una ruptura con el ordenamiento jurídico anterior, en tanto que es ese ordenamiento jurídico el que la hace posible. La necesaria derogación de las Leyes Fundamentales que precedieron a la Constitución de 1978 suponía al mismo tiempo afirmarlas, reconocerlas: la nueva Constitución las deroga porque esas leyes le otorgan la potestad para derogarlas", escriben los autores.

"Un as de bastos entró en una chistera y salió convertido en un rey de corazones", añaden en La carta robada. Es decir, "el jefe del Estado de una dictadura que tiene su origen en un golpe militar inicia un proceso legislativo del que sale transformado en monarca constitucional de una democracia". Justo Navarro explica a Público que, a su juicio, la "reforma / transición" fue la culminación de la restauración de la monarquía que el franquismo había iniciado con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 1947.

"El ordenamiento jurídico del franquismo sirvió para liquidar el franquismo y, al mismo tiempo, para legitimar la nueva monarquía constitucional", razonan en el libro. "El proceso en su totalidad afirmó las Leyes Fundamentales franquistas —en cuanto base legitimadora de la reforma que culminó en la Constitución— para negarlas, contradiciéndolas en su esencia". Es decir, "se liquidó el franquismo respetando la legalidad franquista".

Quizás sea esta circunstancia, reflexiona Navarro, la que "alimenta en los partidos conservadores la sensación permanente de que, si gobiernan otros, les ha sido usurpada la autoridad que por tradición e historia les corresponde". Además, al contrario que en países como Alemania, Italia o Francia, el aparato franquista no fue depurado. El novelista granadino apunta que el acuerdo entre los herederos de la dictadura y la oposición democrática no se firmó "entre dos partes iguales".

"El franquismo contaba con el aparato militar y policial, un peso muy superior al que tenían los demócratas, que esencialmente era moral, aparte de la coyuntura internacional y de la resistencia que ofrecían en ese momento las movilizaciones obreras. Y, al fin y al cabo, los demócratas formaban parte del antifascismo que había resultado vencedor en la Segunda Guerra Mundial", prosigue Navarro, quien opina que, "a pesar de lo que algunos quieren creer, el antifranquismo era minoritario en 1977".

¿Por qué aceptó entonces el franquismo este proceso? "Lo que más pesó fue la situación política internacional", cree Navarro. "En 1974 había caído en Grecia la dictadura de los coroneles, que supuso también la caída de la monarquía. Sirvió de ejemplo para España. También en 1974 cayó la dictadura en Portugal. La plena integración en la nueva coyuntura económica, hacia el liberalismo extremo de los años ochenta, con Thatcher y Reagan, exigía la homologación con las democracias. Ya no bastaba la fuerza para legitimar el orden político y económico".

Cuando el príncipe Juan Carlos aceptó ser el sucesor en la Jefatura del Estado, en 1969 juró lealtad a Franco y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional. Luego pronunció un discurso en el que no ahorró elogios al "hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido, y siga siendo por muchos años [en ese momento tenía 77 y fallecería a los 82], el rector de nuestra política". Sin olvidarse, claro, del golpe que condujo a la guerra civil: "Recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936".

¿Cómo tendría que haber sido la transición? "Creo que sólo podía ser como fue, y que fue la menos mala de las salidas, quizá porque era la única posible, dado el peso dispar de las partes —franquistas reformistas y oposición democrática— que pactaron la reforma", concluye Justo Navarro. "Hay que tener en cuenta que hubo sectores de la oposición democrática que no sólo quedaron fuera del proceso, sino que siguieron siendo reprimidos por las fuerzas coercitivas heredadas del franquismo".