Tomás Gómez responde a la denuncia del PP de Madrid e implica a cinco excargos de Aguirre

Apenas 24 horas después de que el PP de Madrid presentara una querella contra el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, por un supuesto desfalco de 42 millones de euros producido por la adjudicación del tranvía de Parla mientras él era alcalde del municipio, éste último ha decidido responder con un escrito que ha presentado ante el Alto Tribunal, y en el que recuerda que la" contratación, concesión y ampliación de contratos de toda la obra del tranvía era potestad exclusiva del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid", que entonces estaba presidido por la hoy número dos de los conservadores, María Dolores de Cospedal.

En el texto, al que ha tenido acceso este diario (ver PDF), el PSM recuerda que las obras de concesión de obra pública de la mencionada infraestructura y, recalca, "todas ellas, incluso sus ampliaciones", fueron "supervisadas, controladas y vigiladas en todo momento" por una asistencia técnica contratada a tal efecto por el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, llevada a cabo por la entidad Euroconsult, S.A. que "dio su consentimiento y por ello el del propio Consorcio para absolutamente todas las obras llevadas a cabo dentro del contrato de concesión, incluso sus ampliaciones".

El Consorcio, dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, "pagó a esta empresa 1,3 millones de euros por prestar este servicio de supervisión, vigilancia y control", según prosigue el escrito de los socialistas madrileños.

Por eso el PSM considera que si el Supremo considera que es necesario llevar a cabo una investigación del supuesto desfalco antes mencionado, "la acción penal" tendría que dirigirse contra los responsables del mencionado consorcio, que fue el órgano de contratación.

De esta manera la denuncia se debería reorientar para dirigirla contra Cospedal, por ser la consejera de Transportes y presidenta del consorcio de 2004 a 2006; José Manuel Pradillo, director gerente del consorcio hasta el pasado mes de julio; la hoy presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, que fue consejera de Transportes entre 2006 y 2007; y contra quienes sucedieron a esta, Manuel Lamela y el hoy presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echevarría.

Además, los socialistas madrileños exigen que se "inadmita sin más trámite" la querella presentada ayer por el PP de Madrid y que llevó al Supremo en persona el vicepresidente de la Comunidad, Salvador Victoria. El PSM requiere incluso que a este último se le impute un delito de denuncia falsa.