El Ministerio de Trabajo está elaborando una normativa con la que reformar el sistema de protección por desempleo. El texto, que ha sido sometido a consulta pública previa, recoge la creación de una prestación complementaria a la contributiva.

Esta nueva prestación podrá ser recibida por aquellas personas que no cumplan con los requisitos de cotización necesarios para acceder a la prestación contributiva o por quienes la han agotado y no encuentran empleo. De esta manera, dejará de ser catalogada como protección por desempleo la que reciban aquellos que no provenían de un empleo.

Asimismo, ampliará la duración de los subsidios para compensar la derogación de los programas de renta activa de inserción (RAI) y subsidio extraordinario por desempleo (SED), garantizando una protección durante más tiempo. 

Esta reforma, además, recoge una ampliación de la protección por desempleo, mejorando la cobertura al aumentar la duración de los subsidios y eliminando las lagunas de protección del sistema actualmente vigentes. 

Otro de los objetivos que prevé el ministerio dirigido por Yolanda Díaz es el de simplificar este procedimiento, por lo que propone flexibilizar el acceso y permanencia en el subsidio  y reducir las cargas administrativas, al mismo tiempo que vincularía esta protección al compromiso de seguimiento y realización de un itinerario personalizado de empleo. 

En la actualidad, el sistema de protección por desempleo resulta complejo, con una prestación contributiva, otra asistencial, rentas agrarias, protección para los trabajadores por cuenta propia, programas de forman de empleo, rentas mínimas y prestaciones no contributivas. A lo que se suman los diferentes programas autonómicos que van más allá de la protección por desempleo, pues garantizan recursos mínimos. 

Otro objetivo: incentivar la contratación

Desde Trabajo están elaborando, también, una normativa con la que simplificar y homogeneizar las bonificaciones en las cotizaciones sociales, con el objetivo de incentivar la contratación, que conllevan un gasto de 1.821,6 millones de euros al año. 

De acuerdo al documento sometido a consulta pública previa por el Ministerio de Trabajo, estos incentivos a la contratación vía bonificaciones en las cotizaciones sociales suponen, en su conjunto, alrededor del 25 % del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo. 

De esta manera, en el caso de las bonificaciones de cuotas, que son soportadas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el gasto en el año 2020 ascendió a 1.821,6 millones de euros, según el documento. A estos datos, hay que añadir los incentivos aplicados mediante subvenciones concedidas por los servicios de empleo tanto estatal como autonómicos que,  dada su dispersidad, no están calculadas.

El texto defiende que los incentivos, aunque facilitan la obtención de empleo en periodos de crisis, tienen unos "efectos positivos modestos", que se encuentran sobre todo "en individuos con un nivel de formación medio-alto" y que "no perduran en el tiempo una vez que desaparece el incentivo". 

Las subvenciones y bonificaciones aplicadas a la contratación "no han logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral, demostrándose poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo". 

Por ello, continúa el texto, "se debe llevar a cabo una revisión y actualización de estas, que permita reordenar los recursos para reforzar la personalización de las políticas activas, con el objetivo último de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en su aplicación". 

Los incentivos deben orientarse a mejorar la empleabilidad de los colectivos muy específicos de baja empleabilidad, especialmente en períodos recesivos, añade.