Trabajo prohibirá los despidos de empleados que denuncien la corrupción en su empresa

El Ministerio de Trabajo y Economía Social incluirá en el Estatuto de los Trabajadores la prohibición de que los empleados puedan sufrir discriminación o represalias por denunciar posibles casos de corrupción en su empresa, así como declarar nulos todos los despidos que se ejecuten relacionados con esta causa.

El anteproyecto de ley modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta modificación está abierta a consulta pública y la sociedad civil podrá presentar propuestas hasta el 26 de diciembre.

Una de las modificaciones tiene como objetivo incluir la prohibición de discriminación, directa o indirecta, para el empleo. Además de la nulidad del despido durante el periodo de prueba, de órdenes para discriminar y de decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia contra el trabajador. También la invalidez del despido por causas objetivas y por causas disciplinarias, cuando se produzcan con ocasión de una revelación, la presentación de información o comunicación conforme a lo previsto en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen.

Otra modificación permitirá fundamentar la demanda contra un despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor, cuando tenga por objeto represaliar a las personas trabajadoras con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación conforme a lo previsto en la ley reguladora de la protección de las personas que informen.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz explica que la norma es “necesaria” y “eficaz”, pues persigue una razón de "interés general" consistente en asegurar la protección de las personas trabajadoras por cuenta ajena, que forman parte del sistema de protección de las personas informantes y que se concreta en la prohibición. En su caso, además, la invalidez de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial.

El anteproyecto de ley, que todavía tiene que pasar dos veces por el Consejo de Ministros y después ser aprobada en el Parlamento, recoge que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno ya transpuso en 2023 una directiva europea con medidas de lucha contra la corrupción para proteger a los empleados denunciantes. Aunque con esta norma, Trabajo busca dar mayor protección a estas personas.

Cabe recordar que la Ley reguladora de la protección de las personas que informen afecta tanto a entidades del sector público como del sector privado. En el ámbito privado, deben crear y gestionar canales internos de denuncia todas aquellas empresas que empleen a 50 o más personas. En el ámbito del sector público, la anterior obligación afecta, sin excepciones, a la totalidad de las entidades que lo componen.

Sin perjuicio de lo anterior, las limitaciones por el número de trabajadores solo afectan a las obligaciones relacionadas con los canales internos de información. Por lo que las personas informantes que trabajan en empresas privadas de menor tamaño, aunque solo podrán hacer uso de los canales externos de información o, en su caso, revelar públicamente estas informaciones, tendrán derecho a acceder en igualdad de condiciones al sistema de protección que despliega la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

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También se mostró dispuesta a perseguir no solo a los corruptos, sino a los "corruptores", en relación con las empresas que están dispuestas a pagar comisiones para conseguir tratos de favor. La CEOE se quejó entonces de que se ponga la sospecha sobre las empresas.