Un tribunal ordena abrir el colegio cuyos vínculos con la Púnica investiga la Fiscalía

ZARAGOZA.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ordenado este jueves, en contra del criterio de la Fiscalía, conceder de manera provisional al colegio Ánfora Internacional, de Cuarte de Huerva, la licencia que el Gobierno de Aragón había decidido no darle tras señalar la Inspección que sus instalaciones incumplen las condiciones de salubridad y seguridad necesarias para un centro de enseñanza.

La decisión del tribunal llega mientras la Unidad Antifraude del ministerio público investiga si algún responsable del anterior ejecutivo autonómico, que había autorizado inicialmente su puesta en marcha como colegio concertado, pudo cometer algún delito en la tramitación de los permisos. Los denunciantes, el Grupo Contra los Conciertos Educativos, integrado por IU, Cha, los sindicatos CGT y STEA y el Movimiento Hacia Un Estado Laico (Mhuel), aportaron este jueves nueva documentación a la Fiscalía.

Ahora queda por determinar si el nuevo ejecutivo autonómico (PSOE-Cha) formalizará con el centro el concierto que aprobaron sus antecesores del PP-PAR para financiar su actividad.

La puesta en marcha del colegio concertado de Cuarte ha estado rodeada de polémica desde que saltó a los medios en febrero del año pasado por la vía del anuncio de empleo: una cooperativa ofrecía 100 puestos de maestro por un sueldo de 15.000 a 18.000 euros anuales bajo la fórmula de cooperativa, condiciones a las que luego se unieron la exigencia de aportar 48.000 euros y convertirse en avalista de un crédito de 13 millones.

La oferta la firmaba Ánfora Sociedad Cooperativa Aragonesa. Sin embargo, los permisos se los había solicitado al Gobierno de Aragón Ánfora Sociedad Cooperativa Madrileña, con domicilio en el chalet del número 57 de la calle Parla de Valdemoro en el que tiene su sede Alfedel.

De hecho, las primeras informaciones sobre el centro, anteriores al estallido del caso Púnica, atribuían la iniciativa a Alfedel, gestora de una veintena de colegios en varias comunidades.

El propietario de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, está imputado en la operación Púnica como presunto pagador de mordidas a la trama que supuestamente dirigían Francisco Granados y David Marjaliza precisamente para promover colegios concertados. Las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a peajes de hasta 900.000 euros para obtener los permisos y los conciertos de cuatro centros. Alguno de los cooperativistas denunciaron irregularidades en la gestión de esas cooperativas.

“La sociedad promotora, de Madrid, carecía de legitimidad para operar en Aragón”

La anterior Consejería de Educación de Aragón, dirigida por Dolores Serrat, tramitó el expediente de una manera “celérica”: en febrero de este año autoriza el centro, el 12 de julio concede el concierto y el 17 señala las unidades cuyo funcionamiento pagarían las arcas públicas. Sin embargo, la empresa aragonesa no estuvo completamente constituida hasta el 14 de ese mes. “La sociedad promotora, de Madrid, carecía de legitimidad para operar en Aragón”, sostuvo en la vista la abogada de la comunidad autónoma.

Dos de los promotores de Ánfora, Enrique Bilbao y Ángel Bravo, han ocupado cargos de responsabilidad en empresas de Ferrón del Río.

Estos datos, entre otros, llevaron al Grupo Contra los Conciertos Educativos a poner la concesión de los permisos y el concierto a Ánfora en conocimiento de la Fiscalía Superior de Aragón. Esta se inhibió al no apreciar en la denuncia indicios de responsabilidades personales de ningún aforado, por lo que las pesquisas fueron encomendadas a la Unidad Antifraude de la Fiscalía de Zaragoza, que ha abierto diligencias para investigar el asunto.

El director general de Planificación Educativa del nuevo Gobierno de Aragón, Ricardo Almalé, decidió denegar la apertura en una resolución fechada en 20 de agosto y basada en un informe de la Inspección que constaba cómo la promotora, Ánfora Sociedad Cooperativa, había incumplido su compromiso de tener acabadas las obras el día 17: ni siquiera estaban colocados los inodoros, había notorios defectos en el patio de Infantil y en el sistema de saneamiento y los sistemas de protección presentaban carencias, según desgranó el fiscal en la breve vista celebrada este jueves en el TSJA.

La Fiscalía pidió al tribunal que no concediera la licencia básicamente por dos motivos: la pedían los padres de los alumnos, en lugar de la cooperativa a la que le había sido denegada; y “no han sido contradichos” los defectos detectados por la Inspección.

El abogado de los padres, que reclamó el permiso alegando que estos se encuentran en una situación de indefensión y que las obras están terminadas, arremetió en su intervención contra Podemos. “Queremos que nos dejen en paz”, dijo.

El acuerdo entre el partido morado y el PSOE para la investidura de Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón incluía la “paralización del centro concertado de Cuarte”, postura que comparten IU y CHA. El municipio, de casi 12.000 habitantes –es el pueblo que más creció en España la pasada década-, tiene una escuela pública saturada y sin posibilidad de crecer y otra ampliada con doce barracones. El proyecto de Ánfora se adelantó al tercer centro público, pese a que este, conocido como Cuarte III, lleva años anotado en el Plan de Infraestructuras Educativas.

La letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón también pidió al tribunal que avalara la denegación del permiso por las “deficiencias importantes” de las instalaciones, y sostuvo que la decisión de la consejería no afecta al derecho a la educación de los 165 niños matriculados, que habían sido reasignados a otros centros para iniciar el curso el próximo martes.

“No hay perjuicios irreparables”, dijo, antes de señalar que “el proceso de revisión no se inicia por motivos políticos sino porque hay irregularidades”.

La sala, en una resolución pronunciada de viva voz por su presidente, a la espera de que un auto recoja los fundamentos jurídicos en unos días, ordenó, sin embargo, la apertura provisional de Ánfora.

Al tribunal le queda sobre la mesa el pleito principal, en el que deberá decidir sobre la legalidad de la denegación del permiso. La licencia provisional se enmarca en un incidente de medidas cautelarísimas presentado por los padres, sobre cuya legitimidad para pleitear no se ha pronunciado todavía el TSJA. La Fiscalía sostiene que carecen de ella.