El Tribunal Supremo (TS) ha declarado firme en un auto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que pide a la Junta de Comunidades readmitir a los más de 400 interinos despedidos en agosto de 2012.

En el auto, fechado el 16 de octubre de 2014, el Tribunal Supremo declara firme la sentencia del TSJCM y determina la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades.

En otro escrito, el TS informa a la Junta de que su petición de retirar su recurso a la sentencia del TSJCM no tiene validez porque fue presentada el 24 de octubre, ocho días después de que la sentencia fuese firme y se hubiera dictado auto de inadmisión.

El Tribunal Supremo procedió ayer a la notificación a las partes de la sentencia firme, contra la que no cabe recurso ordinario alguno y que tendrá que cumplirse en un máximo de dos meses.

El máximo tribunal de Castilla-La Mancha dio la razón el pasado enero a los sindicatos UGT y STAS contra la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que alrededor de 400 estaban cubiertas por interinos, y ordenó que volvieran a su puesto de trabajo y que se les abonara el dinero dejado de percibir. La Junta presentó entonces un recurso de casación ante el Supremo, sobre el que dijo que desistía el 24 de octubre.

Los sindicatos acusan a la Junta de dilatar el proceso con fines electorales

Los sindicatos UGT y STAS han denunciado que el Gobierno regional anunció la retirada de su recurso contra la readmisión de los interinos despedidos en 2012 días después de que el Tribunal Supremo (TS) desestimara ese recurso e hiciera firme la sentencia, obligándole a ejecutar la readmsión de estos trabajadores en un plazo de dos meses y a pagar unas costas de 1.000 euros.

Esta desestimación del recurso por parte del TS se produjo en un auto fechado el 16 de octubre, mientras que fue el 26 de ese mismo mes cuando la Junta anunció su retirada, según han señalado en rueda de prensa la secretaria del Sector Autonómico de FSP-UGT, Beatriz Tormo, y el secretario de STAS-CLM Intersindical, Gustavo Fabra.

Fabra ha asegurado que la Junta "ha estado dilatando el proceso con fines electorales" y ha insistido en pedir la dimisión del director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, alegando que "la persona que ha sido condenada no puede ser la que ejecute la sentencia".

Asimismo se ha preguntado "cuánto ha costado a los ciudadanos de Castilla-La Mancha esta maniobra dilatoria del Gobierno" y ha vuelto a pedir "la convocatoria de la mesa sectorial, ya que la sentencia es firme".