El Tribunal Supremo tumba la posibilidad de trabajar a las personas con gran invalidez o incapacidad absoluta

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha unificado doctrina en relación a la compatibilidad entre ejercer un empleo y a la vez percibir  una pensión de la Seguridad Social por una gran invalidez o una incapacidad absoluta. El Alto Tribunal corrige su jurisprudencia y ahora dice que no es compatible.

En una sentencia de unificación de doctrina, del pasado 11 de abril de 2024, el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo afirma que la compatibilidad entre el ejercicio del trabajo y la percepción de este tipo de pensiones es "contrario a la lógica y a la sostenibilidad del sistema de prestaciones públicas de protección social".

El Supremo confirma con este fallo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de octubre de 2022, que resolvió que la pensión de gran invalidez de un trabajador por pérdida de visión no era compatible con su empleo actual en la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles). 

Hay que recordar que la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 198 indica: "Las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión". Hasta ahora, se interpretaba que para este tipo de pensionistas está permitida la actividad laboral siempre que 

esté adaptada a las limitaciones físicas o psíquicas del pensionista.

Pero ahora los magistrados del Supremo interpretan que la incapacidad absoluta y la gran invalidez solo son compatibles con trabajos "de carácter marginal y de poca importancia que no requieran

darse de alta, ni cotizar por ellos a la Seguridad Social".

Tras el varapalo judicial del Supremo, el empleado de la ONCE afectado tendrá que elegir entre seguir percibiendo su pensión de la Seguridad Social por gran invalidez o su salario como vendedor de lotería. 

Los razonamientos de la Sala de lo Social, en una ponencia del magistrado Ángel Blasco Pellicer, tratan de apuntalar "la lógica" de impedir que una persona que cobra una pensión pública por incapacidad laboral desarrolle un empleo que podría ocupar una persona en situación de desempleo, que percibe por ello otra pensión pública.  

Los magistrados también resaltan el "principio de solidaridad

que impregna e informa la concepción constitucional y legal de la Seguridad Social" para aducir que no es solidario que una misma persona compatibilice una pensión pública con rentas derivadas del trabajo que desarrolla.

Revisión de las pensiones

La sentencia indica también: "Si en las actuales circunstancias sociales, las nuevas tecnologías informáticas y el uso de la denominada inteligencia artificial pueden permitir a personas con serias dificultades somáticas la realización de trabajos con la ayuda de tales instrumentos, la solución al problema que se plantea no debe ser la compatibilidad de las rentas del trabajo con la prestación pública que compense la incapacidad; sino, al contrario, la revisión del sistema de incapacidades en general y, específicamente, la del beneficiario afectado en orden a potenciar sus capacidades y la consecución de rentas dignas derivadas de su esfuerzo y trabajo al margen de la pensión pública". 

En este sentido, Jorge Campmany, abogado especialista en incapacidades y director del despacho Campmany Abogados, advierte de las consecuencias de esta sentencia, que sienta jurisprudencia. "Pone en serio peligro la compatibilidad de las pensiones de gran invalidez (y, también, de incapacidad absoluta) con el ejercicio digno del trabajo". 

Para Campmany, la sentencia "da un vuelco total al sistema público de pensiones de incapacidad" y podría ser aprovechada por parte de la Seguridad Social "para llamar a revisión a muchos de los pensionistas de incapacidad absoluta o gran invalidez que a día de hoy están compatibilizando su prestación con un empleo. Y, fruto de esta posible oleada, podría haber una retirada masiva de esta clase de pensiones", advierte el abogado. 

Según este experto, en España hay más de un millón de personas con discapacidades severas, concretamente unas 350.000 con gran invalidez o incapacidad absoluta. 

Campaña de recogida de firmas

Jorge Campmany ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org con el lema "Hagamos compatible el trabajo con la incapacidad absoluta y la gran invalidez en España".

En su petición, pide una modificación al artículo 198 de la Ley General de la Seguridad Social para restablecer su interpretación anterior y "permitir que las personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez puedan trabajar si así lo desean".