'Los 6 de Zaragoza': así castiga España a quienes protestan

Han pasado ya 12 meses desde que cuatro jóvenes antifascistas de Zaragoza ingresaron en prisión por protestar contra la extrema derecha. Este caso, conocido como el de los seis de Zaragoza, ha encendido las alarmas sobre la dureza con que el Estado español responde a ciertas movilizaciones sociales. Los hechos se remontan a 2019, pero sus consecuencias persisten: penas de casi cinco años de cárcel sustentadas únicamente en testimonios policiales, la ausencia de pruebas materiales y un silencio institucional que muchos califican de cómplice.

La situación ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales como un castigo ejemplarizante destinado a infundir miedo y frenar la protesta. A un año de su encarcelamiento, la pregunta resuena: ¿es este un caso aislado o el síntoma de una tendencia represiva más amplia en la España actual?

Cronología de la represión

17 de enero de 2019. En plena campaña electoral autonómica, el partido de ultraderecha Vox celebró un mitin en el Auditorio de Zaragoza. En respuesta, colectivos antifascistas convocaron una concentración de rechazo. La protesta derivó en altercados: se quemaron contenedores y seis vehículos resultaron dañados, además de que seis agentes de la Policía Nacional sufrieron lesiones. La intervención policial desembocó en la detención de seis jóvenes, cuatro de ellos adultos (de entre 21 y 28 años en ese momento) y dos menores. Importa destacar que las detenciones no se produjeron durante los disturbios, sino un par de horas después, cuando los acusados ya se encontraban en un bar, identificados por agentes de paisano.

Enero de 2021. Tras casi dos años de proceso, la Audiencia Provincial de Zaragoza emitió sentencia. Los cuatro acusados mayores de edad fueron condenados a 6 años de prisión cada uno (tres años por delito de desórdenes públicos y tres por atentado a la autoridad), mientras que los dos menores afrontaron un año de libertad vigilada y multa. Paradójicamente, la propia sentencia reconocía que aquella noche hubo más de 200 manifestantes y no existían pruebas que acreditasen que los acusados, y no otros, hirieron a los policías. De hecho, solo en un caso un agente pudo identificar con certeza a su agresor –Imad, uno de los jóvenes– que resultó en una multa adicional por lesiones leves. Pese a esta falta de certeza, la Audiencia impuso las penas máximas por los delitos de desórdenes y atentado.

Abril de 2021 – 2022. Las defensas recurrieron, pero la dinámica judicial siguió un rumbo aún más severo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) endureció la condena a 7 años, agregando un delito de lesiones que la Audiencia no había podido probar. Durante este periodo, familiares de los acusados alzaron la voz en las Cortes de Aragón: "No hay pruebas. La única vara de medir que recoge el juez son los atestados policiales y la veracidad que se les presume", denunció Francisco Aijón, padre de uno de los jóvenes, ante la comisión de Derechos Humanos del parlamento aragonés. Otra portavoz alertó que “la sentencia ya venía pensada de casa. La única prueba objetiva es la grabación de unas cámaras de seguridad donde no se reconoce a los procesados” – vídeo que, como veremos, fue ignorado por el tribunal.

Febrero de 2024. Finalmente, tras cinco años de batalla legal, el Tribunal Supremo emitió fallo firme. Si bien rebajó las penas a 4 años y 9 meses para los cuatro jóvenes (al apreciar un “concurso ideal” entre delitos), confirmó en esencia la condena basada en los mismos controvertidos testimonios. Con la sentencia del Supremo, se agotaron las vías ordinarias: llegaba el momento de cumplir prisión. La plataforma de apoyo Libertad 6 de Zaragoza solicitó formalmente el indulto al Gobierno, entregando más de 10.000 firmas en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, los plazos corrían sin respuesta. El 10 de abril de 2024 se fijó como fecha límite y, al no llegar medidas de gracia, comenzó el ingreso en la cárcel de Zuera. Para el 22 de mayo de 2024, los cuatro jóvenes ya dormían entre rejas, mientras uno de ellos apuraba un último recurso ante el Tribunal

Testimonios: la rabia de una condena que no cesa

Un año después del ingreso en prisión de los cuatro jóvenes, la sensación que domina entre familiares y compañeros no ha cambiado: es la de injusticia. Así lo expresa Pablo Rochela, portavoz de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, en declaraciones a este medio:

"Las sensaciones tras estos doce meses de prisión son dos: injusticia y rabia. Injusticia, porque nunca estas personas tendrían que haber sido ni detenidas ni juzgadas. Su único delito fue manifestarse contra los discursos de odio de la extrema derecha. Eso no es un crimen, es un derecho democrático."

La plataforma denuncia también la inacción del Gobierno ante una situación que, según Rochela, podría resolverse con voluntad política:

"No es una cuestión de pedir, es una cuestión de exigir. El Gobierno tiene la obligación de liberar a estas personas, derogar la Ley Mordaza y reformar el Código Penal para que estos abusos no se repitan. Pero lo cierto es que estas leyes y esta represión también le son útiles al Ejecutivo."

A lo largo del año, el acompañamiento a las familias y la movilización no han cesado, pero el desgaste es evidente. Una de las personas presas atraviesa una situación emocional grave. Según Rochela, se solicitó su salida para tratamiento psiquiátrico y fue denegada: "Eso demuestra una falta absoluta de humanidad por parte de las instituciones penitenciarias. Estamos hablando de personas inocentes que están siendo destruidas anímicamente."

A pesar del dolor, la lucha sigue. Desde la plataforma señalan que el caso ha traspasado el ámbito militante, llegando a capas sociales amplias: "Incluso personas que no son de izquierdas conocen el caso. Aun así, necesitamos más empuje. No basta con que se sepa: hay que salir a la calle."

Y lanzan un mensaje claro: "Consideramos que son presos políticos. Y que España, por mucho que se autodenomine democracia, permite que esto ocurra. Eso es vergonzoso y no puede continuar."

Silencios institucionales

La respuesta de las instituciones ante este caso ha sido, cuanto menos, decepcionante para los afectados y sus apoyos. Ni el Gobierno central ni las altas instancias judiciales han mostrado sensibilidad alguna pese a las dudas evidentes que rodean la condena. El ejecutivo de Pedro Sánchez –una coalición PSOE-Sumar que en campaña prometió derogar la Ley Mordaza– ha guardado silencio. Hasta el día de hoy no ha concedido el indulto ni ha emprendido acción alguna para remediar lo que muchos consideran una injusticia flagrante. “El Gobierno español es responsable de parar esta gran injusticia que atenta contra los derechos políticos y democráticos”, reclamaba la plataforma Libertad 6 de Zaragoza cuando los primeros jóvenes entraron en prisión. Sin embargo, sus llamadas han caído en saco roto. "No se ve voluntad política de frenar esta injusticia", señalan, acusando al Gobierno y a sus aliados parlamentarios de ser "cómplices" al dejar que cuatro jóvenes permanezcan encarcelados pudiendo ser indultados.

"Consideramos que son presos políticos. Y que España, por mucho que se autodenomine democracia, permite que esto ocurra"

A nivel autonómico, el panorama no es mejor. En Aragón, el vicepresidente regional (perteneciente a Vox) llegó a celebrar públicamente el encarcelamiento de los chicos, mientras las fuerzas progresistas locales han sido tibias en su apoyo. Solo algunos partidos de izquierda mostraron solidaridad de palabra, pero sin traducirse en hechos concretos. En 2021, la Eurocámara llegó a acoger a familiares de los 6 de Zaragoza: Francisco Aijón expuso en Bruselas "el peligroso clima de persecución a la protesta que se está dando en España", ante eurodiputados de diversos grupos. Pese a estas denuncias internacionales –e incluso a recomendaciones del Consejo de Europa para atajar los excesos de la Ley Mordaza–, las instituciones españolas no han ofrecido ninguna rectificación ni respuesta. La sensación de impunidad institucional es palpable: las autoridades parecen más interesadas en mantener el escarmiento que en corregir posibles errores judiciales.

Un año después

Lejos de ser un hecho aislado, este caso se inscribe en una preocupante tendencia represiva dentro del Estado español. Colectivos sociales y observadores independientes advierten que se está juzgando y castigando no solo a seis personas, sino nuestro derecho a la protesta. Las duras penas de cárcel impuestas a quienes se movilizan contra el fascismo envían un mensaje claro: disuadir a la ciudadanía de salir a la calle. En juego está nada menos que el ejercicio efectivo de las libertades democráticas. Hoy son estos seis jóvenes, mañana podría ser cualquiera que alce la voz ante discursos de odio.

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En un contexto de auge de la extrema derecha, resulta especialmente alarmante que el peso de la ley caiga con mayor severidad sobre quienes la enfrentan que sobre quienes la promueven. La falta de pruebas materiales en la condena de Zaragoza, sumada a la pasividad institucional ante las peticiones de indulto y la no derogación de leyes mordaza, dibujan un horizonte preocupante. No se trata de eximir de responsabilidad a quien cometa actos violentos, sino de garantizar procesos justos y proporcionales. Cuando la palabra de un policía basta para encarcelar a manifestantes durante años, mientras las grabaciones que podrían absolverlos son ignoradas, el Estado de derecho se resiente.

A un año de que Javitxu, Adrián, Imad y Daniel entraran en prisión, su caso se ha convertido en símbolo de resistencia y ha galvanizado a un amplio movimiento de solidaridad en todo el país. El desenlace de este caso sentará un precedente importante: o bien prevalece la vía del castigo ejemplarizante y el silenciamiento, o bien se reivindica la protesta como parte indispensable de la democracia. En esa disyuntiva, España se juega la calidad de sus libertades y derechos civiles.