La Abogacía del Estado acusa al juez del Supremo de omitir pruebas que exculpan a García Ortiz

La Abogacía del Estado ha acusado al juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de omitir pruebas que exculpan a los investigados y de sostener "algunas de las imputaciones en meras opiniones, carentes de base probatoria" en lo investigado hasta ahora.

Los servicios jurídicos de la Administración han interpuesto un recurso de reforma, según información obtenida por Europa Press, contra la decisión del juez de citar como investigados al fiscal general, a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.

La Abogacía sostiene que el magistrado, en el auto que respalda las citaciones, ha "omitido elementos de esencial relevancia" que demostrarían que "no existen" indicios sólidos para considerar a los investigados como posibles responsables del delito de revelación de secretos.

Según su valoración, estas afirmaciones sitúan a la Abogacía en una "prueba diabólica", al exigirle demostrar que no ha ocurrido lo que el magistrado instructor sostiene que habría sucedido, pese a no contar con base probatoria alguna.

La Abogacía argumenta que los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, "no forman parte de las diligencias de investigación preprocesal". En su opinión, "es complicado defender que los datos e información incluidos en los correos electrónicos involucrados en esta causa especial merezcan la protección penal contemplada en el artículo 417 del Código Penal", referido a la revelación de secretos.

En este sentido, la Abogacía sostiene que el auto del magistrado "no precisa los hechos o circunstancias que justificarían el carácter secreto del correo del 2 de febrero". Asimismo, recalca que el instructor "sigue ignorando que los actos atribuidos a los investigados estaban amparados por las funciones y competencias propias del Ministerio Fiscal".

En primer lugar, señala la obligación de los fiscales de informar sobre sus actuaciones en aquellos casos que, "por su importancia o trascendencia, deban ser conocidos por el fiscal superior o los fiscales superiores". En segundo lugar, subraya el deber de la Fiscalía de mantener informada a la opinión pública, "particularmente cuando se trata de evitar la difusión de noticias falsas que puedan causar un grave daño a la imagen de la justicia y a la labor de los miembros del Ministerio Fiscal".

Asimismo, la Abogacía destaca que González Amador autorizó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a difundir el contenido del correo entre los periodistas, según declaró el alto cargo de la Comunidad de Madrid. Además, subraya que esta acción ocurrió "antes de que los investigados tuvieran conocimiento del mismo".

Filtraciones y juicios paralelos

Los servicios jurídicos reiteran que el correo electrónico del 2 de febrero "estuvo accesible para múltiples personas", que la copia de la denuncia presentada por la Fiscalía el 5 de marzo "fue remitida igualmente a la Agencia Tributaria" y que tanto la denuncia como el expediente tributario estaban depositados en el decanato de los juzgados de Madrid desde esa fecha, "a disposición de un número indeterminado de personas".

Asimismo, recuerdan que dos periodistas admitieron haber tenido acceso a la denuncia, al informe de la Agencia Tributaria y al correo electrónico "desde el 6 de marzo". En este contexto, acusan al magistrado de pasar por alto estos y otros elementos que "demuestran que la filtración del contenido del correo" se produjo "antes de las 23.51 horas del 13 de marzo".

Abogacía del Estado: "Se está llevando a cabo un juicio paralelo en contra de los investigados, con una difusión pública ilegal y sesgada"

Para la Abogacía, la omisión de estos hechos pone en peligro los derechos de los investigados. "Esta vulneración se agrava porque, como ya hemos señalado, en este caso se está llevando a cabo un juicio paralelo en contra de los investigados, con una difusión pública ilegal y sesgada que afecta la transparencia del proceso y que, incluso, podría poner en duda la imparcialidad del Tribunal", concluye.

Pide retrasar la declaración de los investigados

En otro escrito, al que también ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía solicita al juez que lleve a cabo una serie de diligencias "con carácter prioritario y previo a la declaración de los investigados", prevista para los días 29 y 30 de enero y 5 de febrero.

En concreto, propone que se cite a declarar a González Amador, ya que considera que, "aunque se ratificó en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuando dicho tribunal dirigía la causa, el avance de la investigación hace necesario, para esta defensa, que se le tome declaración".

Además, solicita las comparecencias como testigos de otros cinco periodistas, así como la citación de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que ratifiquen y aclaren el informe que redactaron con la información incautada en el registro del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

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Europa Press

Por otro lado, solicita al instructor que requiera la intervención del móvil de Rodríguez, quien ya compareció como testigo ante el Tribunal Supremo. "Si bien esta parte ya ha solicitado esta medida en varias ocasiones, de forma oral, (...) reitera, por esta vía, la necesidad de practicar esta diligencia, considerando las múltiples evidencias testificales que desmienten las reiteradas afirmaciones del señor Rodríguez sobre que no entregó a los periodistas el correo fechado el 12 de marzo hasta las 22.21 horas del 13 de marzo, cuando la noticia de El Mundo ya se había publicado a las 21.29 horas", señala.