Alvise reconoce en el Supremo que recibió 100.000 euros en un maletín negro por parte de empleados de 'CryptoSpain'

El líder de 'Se Acabó La Fiesta' (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez, ha declarado en el Tribunal Supremo este viernes acusado de investigación ilegal de su partido, en relación a los 100.000 euros que recibió de Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', un influencer que se presentaba como un emprendedor especializado en gestionar negocios de alta rentabilidad, eludiendo presuntamente el pago de impuestos.

Alvise, que ha respondido solo a las preguntas de su letrado y del instructor Julián Sánchez Melgar y que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del fiscal y restantes partes, ha negado la financiación ilegal en la última campaña electoral para el Parlamento Europeo, en junio de 2024, donde salió elegido europarlamentario, indican fuentes presentes en la declaración.

Ha reconocido que recibió un pago de 100.000 euros por una "charla sobre libertad financiera, de unos 30 minutos", indican fuentes jurídicas. Alvise ha indicado que el dinero se lo entregaron dos trabajadores de CrytoSpain, en sus instalaciones llamadas 'Centinel', en el centro de Madrid. 

Ha dicho además que recibió el dinero en efectivo, en un maletín negro, en billetes de 50 y 100 euros, todo ello, en diez fajos de 10.000 euros cada uno. Llevó el dinero a su casa, y ha gastado aproximadamente la mitad en gastos personales.

La otra mitad, según lo declarado por el líder de SALF, sigue bajo su disposición, pero dice que no gastó nada de ese dinero en la campaña electoral. Por eso, justifica, que los 100.00 euros no constan en las cuentas de SALF.

Tras la comparecencia en el Supremo de Alvise Pérez, declara en estos momentos el empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

Es la tercera vez que Alvise es citado a declarar en el Tribunal Supremo. Ya compareció por las otras dos causas que tiene abiertas: una relativa a la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert.