Anticorrupción halla indicios de delito en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del PP en Alacant

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el juzgado número 5 de Alacant una denuncia por la adjudicación de Viviendas Públicas Protegidas (VPP) en la playa de San Juan a cargos del PP y altos funcionarios, al entender que hay indicios de que se han cometido delitos contra la administración pública, según ha adelantado la Cadena Ser.

En concreto, el Ministerio Público ha advertido de que se han podido cometer los delitos de negociaciones prohibidas y de uso de información privilegiada en la actuación.

El texto, que recoge las denuncias presentadas el PSPV-PSOE, el Ayuntamiento de Alacant y la Generalitat Valenciana, pide al juzgado que acredite si los adjudicatarios de las viviendas cumplían con los requisitos para acceder a estos pisos destinados a familias vulnerables, según las mismas fuentes.

Dos de los adjudicatarios renuncian a las viviendas

Dos de los 140 adjudicatarios de las viviendas han renunciado a los inmuebles, según ha anunciado este martes el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. Cerca de 5.400 familias permanecían en lista de espera para acceder a alguna de las viviendas.

En rueda de prensa al término de la Junta de Gobierno Municipal, el alcalde ha explicado que estos dos adjudicatarios no son cargos municipales ni personas públicas, y ha afirmado que no puede dar cuenta de las explicaciones que han ofrecido para desistir de las viviendas en el residencial Les Naus porque infligiría la Ley de Protección de Datos.

En todo caso, ha añadido que entiende que "a lo mejor no cumplían las condiciones que se daban cuando accedieron" a la VPP, o quizá ahora no lo atenderían o, incluso, pudieron interpretar "mal" los requisitos para solicitar uno de estos inmuebles dentro de un escándalo que ha sacudido la actividad política del ayuntamiento y que ya se ha saldado con la dimisión de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, y de una directora general municipal.

El alcalde ha hecho un llamamiento público para que, al igual que ha sucedido con los dos que han renunciado, "todo el que sea consciente" de que ha sido beneficiario de una vivienda pública ilegítimamente "que lo arregle, y que lo arregle es que entreguen las viviendas".

También ha insistido en que su Gobierno ha actuado y lo seguirá haciendo con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" porque es "consciente de la alarma social generada y del escándalo".