Una asociación de abogados denuncia "falta de neutralidad" del decano Eugenio Ribón en el caso del fiscal general
La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) denuncia en un comunicado que el Colegio de la Abogacía de Madrid se ha posicionado "de forma jurídicamente innecesaria" en la causa, en la que pide cuatro años de cárcel para García Ortiz, conforme a las "tesis de la defensa de los intereses" del novio de Ayuso.

Madrid--Actualizado a
El grupo de Asuntos Colegiales de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) denuncia "la falta de neutralidad" en la actuación de la Junta del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), presidida por Eugenio Ribón, que este martes declara en el juicio contra el fiscal general del Estado, donde el ICAM actúa como acusación particular.
ALA, entidad de abogadas y abogados progresistas, expresa en un comunicado que Ribón "ha mostrado una inusitada celeridad en la respuesta, con un confesado "despliegue sin precedentes de acciones legales y de respuesta", ante la filtración del correo de la confesión del novio de Ayuso. El mismo 14 de marzo, día en el que la Fiscalía emitió una nota de prensa desmintiendo el bulo del entorno de Ayuso sobre que había sido el Ministerio Público el que proponía un pacto a la pareja de Ayuso y que luego lo tumbó por "órdenes de arriba", el ICAM salió rápidamente a denunciar una presunta filtración por parte de la Fiscalía.
Respecto a la denuncia interpuesta por el ICAM por aquella presunta filtración y su personación como acusación popular, pidiendo cuatro años de cárcel para el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ALA señala que la actuación de Ribón ha sido "con un desorbitado, y sobreactuado, protagonismo, afirmando actuar, no solo en nombre de la abogacía madrileña, sino 'en nombre de la sociedad en su conjunto', pretendiendo propagar la falacia que la postura procesal, parcial, de la Junta del ICAM representa a toda la sociedad".
Denuncia ALA que el ICAM de Ribón se ha posicionado "de forma jurídicamente innecesaria, conforme a las tesis de la defensa de los intereses del Sr. González Amador, afirmando en su escrito de acusación que la actuación de la fiscalía ha supuesto para el Sr. González Amador, "perjuicios reputacionales de índole social y económica” (realizando tal afirmación sin sustentarla en prueba alguna), afirmando que existe responsabilidad civil a favor del Sr. González Amador, sin que le corresponda hacer mención alguna al respecto por ser acusación popular".
El comunicado concluye que "igualmente llega a afirmar con extrema y osada rotundidad que, con los hechos que considera acreditados, 'resulta indudable la contaminación del órgano judicial en la ulterior fase de enjuiciamiento' del Sr. González Amador, uniéndose así nuevamente a la estrategia mantenida por su defensa de instar nulidades en su posterior enjuiciamiento".
ALA también critica que el ICAM señale una supuesta "conexión Moncloa", en referencia a una presunta implicación de Presidencia del Gobierno en la filtración, cuestión que ha quedado fuera de la causa.
Señala ALA el "torticero uso político de la institución colegial, destinando su actuación a la defensa de los intereses del Sr. González Amador (y de las personas de la presidencia de la Comunidad de Madrid relacionadas con el mismo), disfrazada de denuncia de la vulneración derecho a la confidencialidad en las comunicaciones entre fiscalía y defensa, utilizando una doble vara de medir según la violación de la confidencialidad pueda proceder de la fiscalía o del abogado del Sr. González Amador".
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