La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo, su socio y un abogado por el supuesto encargo para investigar a un empresario
El comisario jubilado lleva, hasta el momento, dos condenas y cuatro absoluciones, ninguna de ellas aún firme, del casi medio centenar de piezas que componen la macrocausa Tándem.
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La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al abogado Antonio Erico Chávarri por el supuesto encargo que éste último les realizó y que habría consistido en investigar a un empresario a cambio de más de 400.000 euros.
En la sentencia, la Sala de lo Penal acuerda la absolución de Villarejo de los delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos particulares y de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía Anticorrupción pedía 12 años de cárcel para el expolicía.
Se trata de la pieza 29 de las 47 que componen la macrocausa Tándem, sobre los negocios y las actuaciones del comisario jubilado. Hasta el momento, Villarejo lleva dos condenas (la más abultada de 13 años), y cuatro absoluciones, ninguna de ellas aún firme.
El tribunal ha determinado que no se cometió cohecho porque se trató de una actividad privada ejecutada al margen de la actividad como policía de Villarejo, motivo por el que ha sido absuelto de otros encargos.
La conclusión, explican los magistrados, "no puede ser otra que, en el presente caso, no se utilizaron ni métodos, ni medios policiales, ni consta consulta alguna en las bases de datos policiales. No consta intervención policial alguna, ni la utilización de recursos públicos en este caso. Tampoco existe prueba de que Villarejo hubiera contactado con otros policías para recabar información o el tráfico de llamadas, es probable, pero no existe prueba de ello".
Los hechos se remontan a 2012, cuando se tramitó ante un juzgado un procedimiento concursal de una empresa del abogado Antonio Erico Chávarri, en el que el principal acreedor era su exsuegro, Joaquín Molpeceres, expresidente de la Federación de Tenis de Madrid y exvicepresidente de la Española.
El tribunal relata en sus hechos probados que Chávarri contrató a un detective privado para que hiciera un seguimiento con el fin de obtener información comprometida de Molpeceres y del administrador concursal, si bien dicha investigación no resultó útil.
Chavarri entonces, a través de un socio de su despacho, entró en contacto con Villarejo y le encargó recabar información sobre las relaciones que pudieran mantener el administrador y Molpeceres.
Un encargo que, según la sentencia, se ejecutó entre 2012 y 2013 a través del denominado proyecto Grass, y por el que Villarejo y su socio cobraron a través de la empresa Cenyt más de 400.000 euros.
La Sala concluye que Villarejo y Redondo llevaron a cabo "una actuación absolutamente privada" y que el pago de las cantidades abonadas por Chávarri responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de dicha actuación privada. No se ha acreditado la forma de acceder a datos reservados
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La Sala explica que los acusados tenían en su poder un listado de llamadas de las personas a las que estaban investigando, si bien, apuntan a que no ha resultado acreditado la forma de acceder a dicha información.
El tribunal afirma que "no se puede presumir, en contra del reo", que Villarejo, "por su condición de alto cargo policial, se prevaliera de su específica función pública para tal fin".
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