Ni la banca ni gobiernos extranjeros: Bolaños pone bajo lupa la financiación de asociaciones de fiscales

El anteproyecto de ley de modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, anunciado este martes por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, hace una singular prohibición: "Las asociaciones de fiscales no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros".

De cara a reforzar la transparencia del Ministerio Fiscal y de sus asociaciones, el Gobierno se plantea esta limitación que afecta a las tres asociaciones de la carrera fiscal: la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y de sensibilidad conservadora; la Unión Progresista de Fiscales (UPF); y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que está personada en la causa abierta en el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunto delito de revelación de secretos.

También se prohíbe la financiación privada para las asociaciones de jueces y juezas, y así consta en el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que este miércoles llega al Congreso para su tramitación.

¿Cómo se financian estas asociaciones, que tanto peso tienen en la organización interna de jueces y fiscales, y en algunos casos, incluso con connotaciones políticas de envergadura?

Para Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mención expresa a la financiación de las asociaciones de fiscales le merece "asombro": "El ministro debería decir el motivo, porque parece que nos financian gobiernos extranjeros y eso provoca alarma". 

Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), considera que "no es mala noticia que se corte cualquier empujón privado que pueda tener intereses poco claros". Este fiscal explica que su asociación no recibe más inyección económica que las cuotas de sus afiliados y clama: "El Ministerio de Justicia jamás ha financiado ninguna iniciativa nuestra".

En el caso de la AF, los socios pagan 20 euros al mes y teniendo en cuenta que sobrepasan los 650 afiliados, la entidad dispone de un presupuesto al mes de 13.000 euros. Pero además recibe el patrocinio de algunas entidades privadas. 

"Cuando hacemos cursos o formaciones jurídicas específicas, que son para toda la carrera fiscal, no solo para nuestros asociados, a veces recibimos apoyo material de una universidad, un banco...", admite Cristina Dexeus. Esta fiscal se pregunta: "¿Qué hay de malo en recibir una subvención por ejemplo de la Unión Europea para hacer determinados informes o trabajos como asociación?" La página web de la AF muestra los patrocinios del Banco Santander y de una correduría de seguros.

Fuentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) indican a este medio que la financiación privada que ahora el Gobierno quiere cortar implica una mayor capacidad para organizar charlas, cursos y ponencias, que para las entidades más modestas es "imposible realizar". Y con ello se nutren redes de influencia que podrían mermar la apariencia de imparcialidad en jueces y fiscales, indican estas fuentes asociadas a la UPF.

Sin subvenciones públicas

Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) están de acuerdo con la limitación que contempla la reforma judicial. "Es preferible que las asociaciones hagan su trabajo exclusivamente financiadas por subvenciones públicas y por sus asociados para evitar cualquier injerencia en nuestra labor", indica el portavoz Edmundo Rodríguez. 

La prohibición de que puedan recibir dinero de entidades privadas hace necesario una "dotación de subvenciones públicas", opina Cristina Dexeus. "Mientras que las asociaciones judiciales reciben subvenciones todos los años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nosotros no tenemos ninguna financiación pública, ni de la Fiscalía General del Estado ni del Ministerio de Justicia". 

Las subvenciones para las asociaciones judiciales para 2025 suman un total de 426.100 euros por parte del órgano de gobierno de los jueces. En el caso de JJpD, son los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas las que suelen contribuir económicamente en sus eventos, indica Rodríguez. 

Fiscalización

Mientras las cuentas anuales de las asociaciones judiciales son fiscalizadas por el CGPJ, en el caso de las entidades de fiscales será la propia Fiscalía General del Estado (FGE) la que lo haga a partir de que entre en vigor la reforma del Estatuto Fiscal. También será la FGE la que gestione el registro de asociaciones de la carrera. "Me parece normal porque la reforma plantea que ya no sea el Ministerio de Justicia el competente en nuestro caso", dice la presidenta de la AF.