De Cabo regaló a su mano derecha un Ferrari del hijo de Díaz Ferrán

El liquidador de empresas en crisis Ángel de Cabo regaló a su 'número dos', Iván Losada, un Ferrari Sessanta del que anteriormente era titular Gerardo Díaz Santamaría, hijo del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y además le asignó el chófer que anteriormente trabajó para su socio, el fallecido Gonzalo Pascual. El precio del exclusivo modelo superaba los 300.000 euros en el mercado.

Así consta en la declaración policial prestada por los testigos Jorge García Téllez y José Vicente Semper e incluida en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de noviembre de 2012 incorporado al sumario de la 'operación Crucero'. Losada se asignó un sueldo de 500.000 euros brutos anuales más de un 5% sobre beneficios tras hacerse cargo en 2010 de Viajes Marsans, pese a la ruina en la que se encontraba la compañía.

Ambos testimonios, claves para el éxito del operativo policial, se refirieron a que Losada condujo el Ferrari titulado antes a nombre de Gerardo Díaz Santamaría y que tuvo como chófer a la persona que realizaba las labores de conducción para Pascual.

La confianza entre Ángel de Cabo, en prisión bajo fianza de 50 millones de euros por ocultar los bienes del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, se evidenció también en un viaje organizado a Suiza para ingresar dinero en cuentas bancarias.

Según el informe policial, De Cabo viajó acompañado por su esposa, su mano derecha, Iván Losada, y la exmujer de éste hasta allí para ingresar 125.000 euros en cuentas bancarias en el país helvético.

Losada era su hombre máxima confianza y llegaba a dar órdenes sin consultarle a los testaferros sobre el otorgamiento de escrituras públicas, la custodia de bienes vinculados a los fondos de las entidades "alzadas" y adquiridas por De Cabo.

Además, se convirtió además en el representante de Teinver S.L., administrador único de Viajes Marsans, desde el 16 de junio de 2010 en sustitución de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.

A cambio, se le asignó un salario bruto anual de 500.000 euros más un 5 por ciento de beneficios hasta que fue relevado de su cargo a petición de la Administración Concursal de Viajes Marsans. El Juzgado Mercantil número 12 de Madrid declaró el 25 de junio de ese mismo año el concurso de la entidad.

Desde la operación policial contra 'Nueva Rumasa', la organización encabezada por De Cabo centró sus esfuerzos en justificar los movimientos de fondos producidos tras su entrada en el Grupo Marsans. Para ello, encargó la confección de "contratos simulados" y otros negocios jurídicos que pretendían además colocar activos en el exterior.

Para estas labores, el liquidador se puso en contacto con el fiscalista Rafael Tormo para designarle como máximo responsable del diseño de la estructura societaria radicada en el extranjero. Tormo, ahora en libertad con medidas cautelares, se ocuparía de la confección de "contratos simulados y documentos predatados" para justificar esos movimientos.

Al parecer, habrían constituido sociedades en varios países, entre ellos Chipre, Suiza, Liechenstein, Malta y Hong-Kong, con "jurisdicciones de riesgo".

Tras recibir las pesquisas policiales, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cursó comisiones rogatorias a diez países, entre ellos Liechenstein o Suiza, en las que solicitaba información sobre Díaz Ferrán, De Cabo, Consuelo Garrido, la que fuera su secretaria Susana Mora, Iván Losada y el testaferro Carmelo José Estelles. Extendía su requerimiento a las empresas Drelac Anstalt, Merlin IV, Plyntari Limited, Astra Worldwide International Leasign Limited y The finest SAo.

El instructor demandó entonces el bloqueo embargo preventivo de los activos financieros e inmobiliarios en los que figurasen como titulares o autorizados los susodichos y que se le diera cuenta de los resultados obtenidos.

Las autoridades suizas contestaron el pasado 7 de febrero que no podían responder al requerimiento del juez Velasco porque no concretaba el nombre de "la entidad bancaria" en la que se encontraban los fondos investigados.