El Constitucional no impedirá que la Audiencia de Sevilla lleve el 'caso ERE' al Tribunal de la UE

El Pleno del Constitucional ha terminado sin acuerdo el debate sobre si la Audiencia de Sevilla puede presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la sentencia de los ERE de Andalucía, aunque mantiene "abierto" el asunto sin dar más detalles.

Fuentes jurídicas informan de que la corte de garantías ha deliberado durante dos días sobre este asunto y la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el TJUE por un asunto relacionado con Cabify.

Sin embargo, "no se ha adoptado decisión alguna", de manera que "la reflexión continúa" sobre "un tema complejo y en evolución", explican las fuentes, que añaden que "el debate sigue abierto, entre las preocupaciones del tribunal", sin dar más detalles.

Otras fuentes jurídicas informan de que las posiciones entre los magistrados están lejos de lograr un consenso en el tribunal, lo que impide acordar toda declaración o resolución al respecto.

Porque, de hecho, había magistrados que eran partidarios de ni tan siquiera abordar esta cuestión de los ERE dando por sentado que no se puede impedir a un juez que plantée una consulta a la justicia europea.

Este último capítulo de los ERE arrancó cuando la Audiencia de Sevilla cuestionó en una providencia que el amparo concedido por el Tribunal Constitucional a distintos condenados fuera del todo compatible con el derecho de la UE, y pidió opinión a las partes sobre si la corte de garantías se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces.

Así, este movimiento de la Audiencia llevó al presidente, Cándido Conde-Pumpido, a abrir el debate sobre si el tribunal sevillano puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para lo cual pidió que se remita la providencia, algo que no gustó en Sevilla.

Conforme fueron pasando los días, se acumularon hasta cinco informes internos de letrados adscritos a magistrados progresistas y conservadores que coincidían en que no se puede impedir al tribunal andaluz acudir a la Justicia europea.

Ante esta situación, Cándido Conde-Pumpido incluyó esta cuestión en el orden del día como "debate jurídico" sin horizonte de dictar una decisión procesal, lo que fue interpretado como una señal de que la corte de garantías no iba a obstaculizar la actuación de Sevilla.

Todo ello siempre que la Audiencia de un paso adelante y eleve una cuestión prejudicial, ya que la providencia que dio origen a la polémica, más allá de cuestionar que el amparo concedido a los a distintos condenados fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea, se limitó a pedir opinión a las partes sobre si la corte de garantías se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces.

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Es decir, la Audiencia aún no ha tomado una decisión y, de hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha desaconsejado acudir a la Justicia europea al considerar que en este caso puede resolver sus dudas conforme al derecho interno y que la corte de garantías "no se ha extralimitado al anular una resolución judicial".