La derogación del código ético de la Agencia Valenciana Antifraude llega a la Justicia

Tres organizaciones anticorrupción —la Fundación Hay Derecho, la Fundación por la Justicia y la Asociación Acción Cívica contra la Corrupción— han interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la derogación del Código Ético y la disolución del Comité de Ética de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).

La demanda considera que la derogación del Código Ético se ha realizado "sin seguir el procedimiento legalmente establecido, en una actuación que pone en riesgo la independencia y el control interno de la institución".

El Código Ético de la AVAF fue aprobado en 2022 a través de un proceso participativo que incluyó a sindicatos y al personal de la Agencia. Este documento establecía principios de buen gobierno y normas de conducta aplicables a todo su personal, incluyendo la obligatoriedad de presentar declaraciones de bienes y actividades para evitar conflictos de interés. 

Además, regulaba la creación de un Comité de Ética independiente, compuesto mayoritariamente por expertos externos, encargado de supervisar su cumplimiento y gestionar un canal interno de denuncias.

Sin embargo, en septiembre de 2024, el nuevo director de la AVAF, Eduardo Beut, propuesto por PP y apoyado por Vox, derogó el Código Ético mediante la Resolución 904, suprimiendo tanto el Comité de Ética como su buzón de denuncias internas. Esta decisión se produjo en un contexto de enfrentamiento entre la dirección de la AVAF y el Comité de Ética, tras la apertura de expedientes internos contra el propio director por diversas denuncias.

La eliminación del Comité de Ética y del canal de denuncias internas supone "un retroceso en la independencia y el control de la Agencia, debilitando los mecanismos de supervisión", indican las ONG anticorrupción y alegan que el nuevo sistema de denuncias creado por la dirección de la AVAF, el SII-AVAF, "no mantiene la misma garantía de independencia, ya que su gestión recae en un órgano nombrado directamente por el director".

La derogación del Código contraviene lo establecido en la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, que obliga a la AVAF a contar con un código de ética. Además, el Plan Normativo de la Agencia para 2024 preveía su revisión y desarrollo, pero en ningún caso su eliminación, indican las organizaciones demandantes.