La exconsellera Pradas pide al TSJ que se archive la causa de la DANA
Solicita que sea el TSJCV el que asuma todo el proceso en el caso de que se estime que hay indicios para investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la DANA. Esto supondría archivar el proceso que se investiga en el juzgado de Catarroja y en el que ella figura como imputada.
El abogado ha añadido que, si en todo caso el tribunal estima que hay indicios para investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, sea el propio TSJCV el que asuma "sin más dilación toda la causa".
Según un escrito al que ha accedido EFE, esta defensa se ha posicionado respecto a la posibilidad de abrir una investigación penal a Mazón, como ya planteó la jueza instructora al alto tribunal valenciano. Aunque, por el momento, la Fiscalía ha solicitado al TSJCV que no investigue al expresident por la gestión de la DANA.
El letrado de Pradas ha sostenido que los hechos investigados no son de naturaleza penal, sino administrativa, de modo que "debe acordarse la clausura del presente procedimiento lo antes posible y dirigir el tiro al ámbito donde procede: el contencioso-administrativo".
Asimismo, ha subrayado que "no es suficiente ocupar un puesto de responsabilidad máxima" para atribuir a alguien la responsabilidad por omisión, sino que es preciso que tenga "la posición de garantía prevista por una norma y que lo que la norma prevea que debe hacer sea una acción que evite el daño que se ha producido".
El jurista ha indicado que "los hechos objeto de instrucción carecen de relevancia penal" porque "la pérdida de vidas humanas, profundamente lamentable, fue consecuencia directa de una catástrofe natural de magnitud imprevisible, cuyo desarrollo vertiginoso anuló cualquier capacidad de reacción humana efectiva".
Reparto de responsabilidades
El abogado ha negado que exista relación causal entre los posibles comportamientos omisivos y la muerte de 230 personas, ya que "el nexo causal se encuentra roto" por falta de información técnica, inacción informativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), irreversibilidad del riesgo, decisión unánime del envío del mensaje de alerta y falta de interpretación técnica de los datos. Y en esta argumentación se acusa concretamente a la CHJ de "omitir información decisiva".
"La jurisprudencia penal, en estos casos, es clara, un fenómeno de fuerza mayor calificado por técnicos expertos como imparable e imprevisible en sus consecuencias concretas, está fuera de la órbita penal", ha afirmado el letrado de Pradas.
"En la exposición razonada, que por su extensión y nivel de detalle va mucho más allá de la petición de imputar a Carlos Mazón, no se analiza en absoluto una cuestión de especial importancia, ya que nuestra defendida no actuó de forma solitaria como única responsable de lo acontecido. Formaba parte de un órgano colegiado de naturaleza institucional (en alusión al Cecopi), muy alejado del modo en que se actúa en el ámbito militar de mando único y obediencia disciplinada o a rajatabla", ha continuado la defensa de la exconsellera imputada.
Por otra parte, el letrado de Pradas ha sostenido -también en referencia a la exposición razonada de la jueza de Catarroja- que "después del envío del Es-Alert hubo 14 muertes, nueve de las cuales se produjeron incumpliendo los mensajes de protección que se habían mandado a la población".
"Por lo tanto, eso implica que existe prueba de que en esos casos -y en otros que no es descartable que sean similares- lo que causa los fallecimientos no es tanto la falta de información y avisos que se venían produciendo días antes, sino la magnitud de la riada y las inundaciones consiguientes", ha añadido el abogado.
Respecto a otra de las cuestiones que más ha reiterado la representación de Pradas desde la apertura de la causa, "una vez constituido el Cecopi, la dirección del plan fue ejercida junto con la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) en un comité de dirección", indica la defensa.

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