La Fiscalía y la Abogacía del Estado apoyan amnistiar a Puigdemont ante la negativa del Supremo

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación.

En ambos casos, consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la manera que empleó el Supremo a la hora de interpretar la norma y esquivar su aplicación a la malversación con una forma de actuar que tachan de "irrazonable y arbitraria".

Y subrayan que lo que pretende el legislador con la ley es perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont.

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España una vez que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.