La Fiscalía pide el archivo de la causa contra el fiscal general y acusa al juez de seguir adelante sin "prueba alguna"

La Fiscalía ha pedido al Supremo el archivo de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, procesados por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Diaz Ayuso por fraude fiscal.

La teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, rechaza recurrir el procesamiento en reforma ante el magistrado y actúa directamente en apelación ante la Sala con un escrito en el que carga contra la "novedosa" afirmación del juez Ángel Hurtado de que los fiscales actuaron por indicaciones de Moncloa y defiende que el correo clave ya era conocido con antelación a que lo tuviera el fiscal general.

En su auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, el juez considera que el fiscal filtró el correo de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador "de común acuerdo" admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales, "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", si bien no da más detalles en su relato.

La fiscal destaca que "en ninguna de las múltiples resoluciones y actos procesales se hace alusión a la existencia de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno por el fiscal general ni a que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas".

Por tanto, "tal imputación se introduce ex novo" y "sin ningún sustrato probatorio" lo que acarrea una "clara indefensión de los investigados" porque en ningún momento se les ha preguntado ni informado de ello durante el procedimiento, como tampoco se ha propuesto ninguna prueba para acreditar o desvirtuar tal extremo. Ello la lleva a proclamar la "rotunda inexistencia de prueba sobre la remisión del correo desde la Fiscalía General".

Asimismo, explica que los indicios contra ambos investigados se basan en una inferencia temporal derivada del momento en que el correo fue puesto a disposición de fiscal general y el momento en que la cadena SER informó del mismo, "una inferencia incompleta al prescindirse de hechos relevantes acreditados".

No hay prueba alguna de la filtración

Entre ellos, destaca que "el propio magistrado reconoce que con anterioridad a la presunta filtración" del correo de 2 de febrero "circulaba por los medios la existencia de un ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador" de reconocer dos delitos fiscales y que los agentes de la UCO que han investigado la filtración declararon que "una pluralidad de personas" conocían también la existencia de ese ofrecimiento previo.

Subraya que los agentes "reconocieron que no habían obtenido prueba alguna de que la filtración hubiese sido realizada por el fiscal general" y que "tampoco existe prueba alguna del concierto" de García Ortiz con Rodríguez para llevar a cabo dicha filtración.

Y añade que "una pluralidad de personas han declarado haber estado en posesión del correo, haberlo examinado o conocer su contenido con anterioridad a que el fiscal general lo hubiera obtenido", entre ellos, diversos periodistas que señalaron que "poseían la información" referida al correo "con antelación".

Una noticia de La Sexta demostraría que el fiscal no filtró

En este sentido aporta como novedad, una nota del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía General que da cuenta de una reciente información de La Sexta sobre un redactor que envió un mensaje al chat de tribunales de esa cadena informando que conocía la confesión de la pareja de Ayuso.

El mensaje se envió a las 21.54 horas del 13 de marzo, cinco minutos antes de que esos correos le llegaran al fiscal general, lo que demostraría, en su opinión, que el periodista era conocedor de la información antes que García Ortiz.

En cuanto a la nota informativa publicada en la mañana del 14 de marzo por la Fiscalía, que fue lo que dio origen al procedimiento, explica que se pretendía "informar" del comportamiento procesal de la Fiscalía "en un asunto de indudable relevancia", ante "informaciones demostradas como falsas que imputaban a la institución una actuación anómala por motivos políticos".