Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI quedan en libertad tras comparecer ante el juez

La exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, el considerado socio de Santos Cerdán, han quedado en libertad después de pedirlo la Fiscalía tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña. 

Los tres han pasado este sábado a disposición judicial después ser detenidos por presuntas irregularidades en contratos públicos. Díez y Fernández fueron arrestados el pasado miércoles por la tarde en el marco de una operación que investiga presuntos delitos de fraude, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Un día después, la UCO de la Guardia Civil hizo lo propio con el dueño de Servinavar.

Fuentes jurídicas han confirmado a este medio que la fiscal Elisa Lamelas ha solicitado que los tres salgan en libertad y que se les impongan comparecencias en los juzgados y la retirada del pasaporte. Al no haber ninguna otra parte, el juez ha acordado la libertad provisional y les ha impuesto como medidas cautelares las comparecencias quincenales, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio. 

Fuentes presentes en la declaración han señalado que Vicente Fernández ha sido el único en responder a las preguntas del juez y las partes, mientras que Díez y Alonso se han acogido a su derecho a no declarar. En su declaración, el expresidente de la SEPI ha negado los hechos que se le imputan, relativos al cobro de presuntas comisiones por amaños de subvenciones y contratos públicos, principalmente entre 2021 y 2022, según han precisado estas fuentes.

Según el auto judicial que les ha dejado en libertad provisional, revelado por El Confidencial, la UCO les acusa de "haber orientado expedientes seguidos en la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

En este sentido, los investigadores destacan su influencia para amañar al menos cinco contratos por valor de 132.955.664 euros, a cambio de los cuales cobraron diversas comisiones. El grupo organizado, denominado Hirurok, operó "al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023, así como su proyección en distintos puntos del territorio nacional, alcanzando a varias Administraciones públicas", subraya el auto, siempre según el citado medio.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se mantiene bajo secreto de sumario. Con el fin de esclarecer los hechos, el juez instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Navarra relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil administrada por el empresario vasco Antxon Alonso y de la que Santos Cerdán tenía el 45% de las participaciones, según la UCO.

También, los agentes requirieron información a la SEPI y Correos, y registraron la sede de Enusa, la empresa de titularidad pública, dependiente de la primera, en la que Leire Díez trabajó como responsable de Comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (desde junio 2018 hasta octubre de 2019, tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, caso por el que fue absuelto el pasado viernes). Asimismo, la exmilitante socialista tuvo varios cargos en Correos hasta 2023, donde llegó a ser directora de Filatelia.

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El expresidente de la SEPI cobró 219.000 euros de Servinabar

Fernández, por su parte, pasó a trabajar como asesor en Servinabar entre 2021 y 2023. En este sentido, su nombre figura en la documentación remitida por la Hacienda Foral de Navarra a la UCO, que obra en la causa sobre el presunto cobro de mordidas en adjudicaciones de obra pública, enmarcada en el caso Koldo.

En concreto, el expresidente de la SEPI cobró cerca de 219.000 euros brutos de la constructora Servinabar, la empresa administrada por el empresario vasco Antxon Alonso y de la que Santos Cerdán tenía el 45% de las participaciones, según la UCO de la Guardia Civil. Los pagos registrados por la Hacienda foral alcanzaron los 68.632 euros en 2021, alrededor de 117.000 euros en 2022 y otros 33.251 euros en 2023.

La UCO también acudió a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica en busca de contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores. Es el caso de la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). 

Asimismo, los investigadores se personaron en las empresas públicas Sepides y Mercasa; en Cofivacasa, perteneciente a la SEPI; en las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; en la asesoría fiscal Conaudire; y en la empresa Cemsal.

En la causa también se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV, un hecho que ha motivado la solicitud de "suspensión inmediata de militancia y su dimisión de todos los cargos orgánicos que ostentaba en estos momentos en la provincia de Valencia".