La Fiscalía pide prisión provisional para Santos Cerdán

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han pedido al juez del Supremo Leopoldo Puente que envíe a prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de amaño de concursos públicos a cambio de mordidas, según indican fuentes jurídicas. 

Este lunes Cerdán ha comenzado a declarar como investigado en el Supremo a las 10 de la mañana. Como estaba previsto, ha negado todas las acusaciones. La Fiscalía ha solicitado al magistrado prisión provisional como medida cautelar para Santos Cerdán debido a la posibilidad de riesgo de destrucción de pruebas.

Esta misma mañana el juez Puente se pronunciará sobre la medida cautelar pedida por la Fiscalía y por las acusaciones, centralizadas en la dirección letrada del PP.

Hay que recordar que la semana pasada, tras las declaraciones en el Supremo del exministro José Luis Ábalos y del que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, las acusaciones solicitaron prisión provisional, pero la Fiscalía solicitó mantener las medidas cautelar de retirada de pasaporte y comparecencias quincenales. Finalmente el juez accedió a la petición del Ministerio Público, alegando que la prisión provisional es una medida que supone una "grave limitación" del derecho fundamental a la libertad.

El magistrado indicó que, pese a observar "indicios sólidos de criminalidad" en ambos, por el momento no hay elementos que exijan la procedencia para decretar la prisión provisional para Koldo y Ábalos, señalados en el informe de la UCO, que muestra a Santos Cerdán como la persona que gestionaba las mordidas por el amaño de concursos públicos desde el Ministerio de Transportes.

La declaración como investigado de Santos Cerdán se produce en paralelo a la investigación de la UCO sobre su patrimonio y cuentas bancarias. También el contenido del correo corporativo del PSOE al que los agentes accedieron hace unos días por orden del juez. 

Cerdán ha indicado este lunes que la escritura hallada en el domicilio del empresario vasco Antxon Alonso y que le situaría como el propietario del 45% de la empresa Servinabar, una de las adjudicatarias de obra pública bajo sospecha, no es un documento oficial, es decir, que carece de validez, ya que no fue elevado a escritura pública a través de una notaría desde la fecha en la que supuestamente la firmaron Alonso y Cerdán, en 2016.