La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel por fraude fiscal para el novio de Ayuso

El fiscal ha pedido este miércoles tres años, nueve meses y un día de cárcel para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusa de defraudar impuestos por valor de más de 350.000 euros, según han confirmado fuentes jurídicas, informa EFE. El empresario había sido encausado por el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que a finales del pasado mes de mayo acordó procesarlo por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, acordó el pasado día 29 transformar las diligencias previas por las que imputó a González Amador en procedimiento abreviado, el paso previo para sentarle en el banquillo junto a las otras cuatro personas a las que imputa un fraude fiscal de 350.951 euros en concurso con otro delito falsedad.

El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 que culminó al año siguiente con un informe que alertaba de irregularidades relacionadas con la liquidación del impuesto de Sociedades de González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.

Ese informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y a que la jueza abriera causa contra él y contra otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal cometido a través de un supuesto entramado de facturas falsas.

Asesores

En esta causa han declarado, además de las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe inicial, Javier Gómez Fidalgo, que fue el abogado experto en fiscalidad que asesoró a González Amador una vez que Hacienda le abrió expediente de inspección.

Antes de abrirse este procedimiento, en el que además de la Fiscalía están personados como acusación popular el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre los dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.

La filtración de ese correo a la prensa desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, causa por la que está procesado y cuyos defensores han considerado un caso de persecución injustificada.

La Fiscalía pide ahora para González Amador un año y nueve meses por el fraude fiscal en el ejercicio 2020, cuando Hacienda apreció que la cuota defraudada ascendía a 155.000 euros; y dos años y un día por el de 2021, cuando la cuantía ascendió a 195.951 euros. El escrito pide como atenuante que se considere reparado el daño, ya que González Amador ha ingresado ya el dinero que evadió. La solicitud de las penas de cárcel no excluye la posibilidad de que acuerde antes del juicio una pena menor a cambio de reconocer su culpabilidad.

El jefe de gabinete de Ayuso culpa a Sánchez

El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha insinuando en su cuenta de X que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaría detrás de la petición de la Fiscalía, que Rodríguez eleva a seis años haciéndose eco de otra versión de la misma noticia publicada y luego rectificada por el digital OK Diario.

"Sánchez, a la desesperada: el fiscal pide seis años de cárcel a González Amador pero el que terminará en la cárcel es el fiscal General del Estado. Y ella… La de las saunas… Van tós pá’lante, se pongan como se pongan", posteó el jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

Cada uno de los delitos por fraude fiscal a los que se enfrenta González Amador están castigados en el Código Penal con entre uno y cinco años de cárcel, de lo que deduce que la Fiscalía no ha optado por una petición dura de penas. El fiscal y la defensa del empresario habían negociado en junio del año pasado un acuerdo por el que éste reconocía su culpabilidad a cambio de una pena de ocho meses, que le habría permitido no ingresar en la cárcel dado que carece de momento de antecedentes penales.