El frente judicial contra el Gobierno calienta con paros la huelga contra las reformas en la justicia

La advertencia de las asociaciones judiciales que han convocado un paro este miércoles para protestar por las reformas judiciales que impulsa el Gobierno no es baladí: quieren que el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sean retirados, si no no descartan ir a la huelga, tal y como han anunciado durante el paro de diez minutos.

Esta protesta caldeará sin duda el debate parlamentario, ya que este jueves el proyecto de ley impulsado por el Gobierno por el que se pretende reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal se somete a su primer examen en el Pleno del Congreso de los Diputados. Se debatirán las enmiendas a la totalidad de PP y Vox al proyecto, que contempla, entre otras cosas, introducir una prueba escrita en las oposiciones para que los aspirantes a juez o a fiscal resuelvan jurídicamente un caso práctico. La prueba tradicional memorística se mantiene. 

Cinco de las siete asociaciones judiciales y de fiscales –todas las dos abiertamente progresistas– consideran que el proyecto recoge "medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial". A su juicio, el texto no responde a "una verdadera demanda social" y no contribuye a "solucionar los verdaderos problemas de la Justicia".

Las enmiendas de la derecha y la ultraderecha van en la misma línea: tanto PP como Vox acusan al Gobierno de intentar "retorcer la ley del poder judicial para facilitar su politización a través de fiscales y jueces eliminando los requisitos de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la carrera". Una afirmación que no se corresponde con el contenido del texto legal que debatirá el Congreso, que indica que la prueba escrita, semejante a la existente en las oposiciones a abogados del Estado, registradores, entre otras, y similar a la de la mayoría de países de la UE, será anónima para contribuir lo máximo a esos requisitos de mérito, capacidad e igualdad.

Para Vox, otro de los escollos es la nueva composición de la Comisión de Ética Judicial, que contará con cuatro miembros más, cuatro catedráticos elegidos por Congreso y Senado: "Para que cuatro de sus nueve miembros sean designados por las dos Cámaras de las Cortes Generales, para meter a todos los Condes-Pumpidos y Garcías Ortices posibles y favorecer los intereses del Gobierno", espetó Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso. Fuentes del Ministerio de Justicia indican que la razón de las nuevas incorporaciones, nombradas por el Parlamento, es para enriquecer a la comisión con otras miradas desde la Ética. 

Está previsto que los socios habituales del Gobierno tumben las enmiendas de PP y Vox, y que el camino para que el proyecto legal quede aprobado será corto y fácil. 

Para el Gobierno, es necesario acelerar la tramitación porque incluirá una convocatoria extraordinaria de nuevas plazas de jueces y fiscales y un proceso extraordinario de regularización para juezas y jueces sustitutos. El número de plazas para convertir a estos jueces y magistrados suplentes en jueces de carrera aún no se conoce. 

Este proceso de regularización es rechazado por la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales, que ven en ello una manera de que "colar jueces afines al Gobierno". Son 954 juezas y jueces sustitutos, siendo el 80% mujeres, de los que en estos momentos están trabajando, es decir, dictando sentencias, 669. En cuanto a los fiscales interinos, son 331. El proceso para ellas y ellos, muchos de los que llevan dos décadas dictando sentencias, consiste en un concurso oposición al que podrán presentarse los que tengan al menos cinco años de ejercicio como jueces sustitutos. Los que no superen las pruebas serán indemnizados, como obliga la UE.

La mayoría de las asociaciones rechazan este proceso, al entender que es una forma de acceder a la carrera judicial "sin demostrar los méritos" que se imponen a los opositores.