El Gobierno tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado

El Ministerio de Justicia tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El Departamento de Félix Bolaños ha pedido un informe al Tribunal Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, según fuentes del Gobierno.

Se trata de la primera petición de indulto después de que García Ortiz fuera condenado por el Supremo el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz también fue condenado al pago de 17.200 euros en concepto de multa e indemnización.

Según adelanta el diario El País,  Justicia ya ha iniciado el trámite legal e instado al Supremo a que emita su informe.

Este martes, más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, además de abogados, fiscales o catedráticos firmaron un manifiesto en el que arremeten contra la sentencia "inquietante" que condenó al ex fiscal general.

Con el título Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos critican la decisión del Supremo de condenar a García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"La sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos", señala el texto, que recuerda que en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".

Los juristas consideran de especial relevancia que la sentencia prescindiera del valor de los testimonios de los periodistas que negaron categóricamente que el entonces fiscal general fuera su fuente y sostiene que el resto de indicios empleados para condenarle "no superan el umbral de la mera sospecha y admiten explicaciones normales y lícitas".

A juicio de los firmantes, convertir estos hechos en pruebas de culpabilidad supone, en la práctica, "invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia", lo que resulta, apostillan "incompatible" con la presunción de inocencia.

Consideran también que la nota de prensa difundida perseguía desmentir una acusación falsa e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía, por lo que defienden que existía "un interés público" evidente en informar y, por tanto, sancionar penalmente esa actuación "supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas".

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Por todo, el manifiesto, que será presentado públicamente este viernes en el Ateneo de Madrid, enfatiza que la condena no debió producirse porque no quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos.

Este lunes, Alberto González Amador, solicitó la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos.

La representación legal de este empresario pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor (ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo) tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.