La otra investigación que acorrala al novio de Ayuso

El procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales y un delito de falsedad documental podría no ser el único que se dicte en su contra. Está investigado también en una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, investigación que aún no ha concluido en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid y que posiblemente no le dé tiempo a la jueza Inmaculada Iglesias a concluir antes de jubilarse este verano.

La actividad del novio de Ayuso como intermediario en el negocio de compraventa de material sanitario en la pandemia le dejó un pelotazo de dos millones de euros que facturó a través de su empresa Maxwell Cremona. Pero pese al incremento notorio de ingresos por dicha operación, en 2020, y por los trabajos facturados a su principal cliente, Quirón Prevención, en 2021, González Amador se las ingenió, según se desprende del auto de la jueza, para reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades, a través de una serie de facturas falsas que representaban gastos deducidos indebidamente. De esta manera se ahorró 350.951 euros de impuestos en los dos ejercicios fiscales.

Estos hechos, detectados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Delitos Económicos, han terminado ocasionando el auto de procesamiento este jueves que le acerca cada vez más al banquillo.  

Un acuerdo fracasado

González Amador estuvo a punto de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar el procedimiento judicial en el que ahora está inmerso. El pacto incluía una condena de ocho meses de prisión (por lo que no entraría en la cárcel al no superar la pena de dos años) por dos delitos de fraude fiscal en conexión con falsedad en documento mercantil.

La sanción económica pactada incluía una multa equivalente al 40% de la cantidad defraudada: 60.000 euros (el 40% de 155.000 euros) y 78.380,56 euros (el 40% de 195.951,41 euros). Estas sumas se añadirían a los 350.951 euros defraudados, más intereses calculados en 2.493,10 euros, alcanzando un total de 491.824 euros.

El pacto se vino abajo al ampliar Más Madrid y el PSOE su denuncia contra el novio de Ayuso con nuevas acusaciones.

Nueva pieza

La magistrada Iglesias abrió una pieza separada el pasado 23 de octubre para investigar el papel de la mercantil Masterman SL [la denominación anterior de la empresa era Círculo Belleza SL], que González Amador compró en 2020 a la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, una filial del gigante sanitario, con numerosos contratos con la Administración Madrileña. El precio fue medio millón de euros, que según Más Madrid y PSOE, pudo ser el dinero que debía haber declarado al fisco otra mercantil del novio de Ayuso: Maxwell Cremona SL.

La investigación trata de averiguar si Alberto González Amador utilizó Masterman SL como sociedad pantalla para esconder una comisión de 500.000 euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

El precio que pagó González Amador fue de medio millón de euros, que, según considera Hacienda, fue "elevado", ya que la última facturación de la empresa no llegó a 30.000 euros y no disponía ni de empleados ni de bienes inmuebles.

Delito de corrupción en los negocios

La operación a través de la sociedad pantalla Masterman podría constituir un delito de corrupción en los negocios, regulado en los artículos 286 bis a 286 quater del Código Penal y que castiga los sobornos o las dádivas que se ofrecen en el ámbito empresarial. Está penado con entre seis meses y cuatro años de prisión.

Delito de Administración desleal

El otro delito por el que está investigado el novio de Ayuso es el de presunta administración desleal, un delito contra el patrimonio en el ámbito empresarial que comete el administrador de una mercantil cuando provoca un perjuicio patrimonial por no ajustarse a sus propias funciones. En este caso por un posible perjuicio ocasionado a Quirón Prevención. Está regulado en el artículo 252 del Código Penal y penado con entre seis meses a tres años de cárcel.